En Bogotá hay una norma que establece la aplicación obligatoria del lenguaje incluyente. Entre sus nefastas consecuencias se encuentra que a los menores de edad se les niegue el acceso a buen material didáctico por el simple hecho de no atentar contra el español y por estar escritos de manera comprensible y de fácil legibilidad (que es lo que uno esperaría de libros educativos).
En una brillante reflexión al respecto, José Flórez pone de manifiesto los disparatados extremos a los que ha llegado este engendro nacido de las entrañas de la corrección política:
En una brillante reflexión al respecto, José Flórez pone de manifiesto los disparatados extremos a los que ha llegado este engendro nacido de las entrañas de la corrección política: