Aprueban ley contra el 'odio' en Venezuela

Esta semana, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela —un órgano de bolsillo del dictador Nicolás Maduro— aprobó una ley contra el odio, que da hasta 20 años de cárcel.

Por supuesto, promover el odio no es algo que yo fomente o dignifique, pero que a mí me parezca de mal gusto y hasta antidemocrático no hace que esta ley sea algo bueno — principalmente porque lo que una persona entiende por "odio" no necesariamente es lo mismo que entiende otra; y esa polisemia convierte este tipo de leyes en armas de doble filo. Ya lo hemos visto con la supuesta ley 'antidiscriminación' en Colombia, que ha sido usada más para censurar actos de habla que para castigar efectivamente actos de discriminación.

Y si así ocurre en un país no completamente democrático pero que ciertamente no califica como dictadura —por ahora, al menos—, en las dictaduras, como la de Venezuela, se convierte en un arma para la persecución política. En no pocas ocasiones, Nicolás Maduro ha acusado a la oposición de promover el odio y, ohh, qué conveniente, ¡ahora hay una ley que castiga precisamente eso! Y, vaya casualidad, además la ley permite revocar la inscripción de los partidos políticos que la quebranten.

Con más probabilidad que no, cuando fabrican leyes para imponer lo que en principio serían buenas intenciones, costumbres y decencia (al fin y al cabo, ¿quién aquí está a favor de promover el odio?), se terminan usando para castigar los delitos de pensamiento, porque con frecuencia se olvida —a veces deliberadamente— que ser grosero y maleducado, y decir cosas incómodas también son derechos.

Si no fuera trágico, sería hasta chistoso, pues las dictaduras desprecian las leyes por ser instrumentos democráticos — que ahora en Venezuela las usen para conseguir sus fines no es sino una mordaz injusticia de pésimo gusto.

Y uno tan bobo, aquí pensando que el odio se combate realmente con recetas que ya se han probado efectivas en otras partes, y que incluyen generosas dosis de igualdad de oportunidades, libertad de expresión, igualdad ante la ley, el debido proceso, la separación de poderes, y la posibilidad de vivir más o menos con la tranquilidad de que el Gobierno no se entromete en la vida privada de los ciudadanos por regla general, ni les dice qué emociones pueden sentir y cuáles no, qué sentimientos son legales y cuáles serán castigados con penas privativas de la libertad.

(vía David Mariño Segura | imagen: Wikimedia Commons)

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Publicado en De Avanzada por David Osorio