En noviembre de 2015, la Corte Constitucional permitió la adopción homoparental en cualquier circunstancia, lo que hizo hervir la sangre a más de un homofóbico que prefiere que los niños malvivan a manos del Estado a que tengan el afecto de unos padres, si esos padres son homosexuales.
Alejandro Ordóñez, como buen inquisidor, agotó la última instancia del proceso y pidió la nulidad de la sentencia, alegando que las diferencias "genéticas, anatómicas y psicológicas del hombres [sic] y la mujer tienen una influencia decisiva en la formación de los niños, quienes necesitan para su adecuado desarrollo de un padre varón y de una madre mujer" — lo que, por supuesto, es falso.