En agosto de 2014, Sergio Urrego, un joven 16 años, se suicidó por el matoneo homofóbico de las directivas de su colegio y de sus exsuegros.
El caso llamó la atención de todo el país y en los tribunales se consiguió que se investigue a las directivas del colegio y que este sea sancionado — igualmente, la Corte Constitucional ordenó al ministerio de Educación que se promueva el respeto a la diversidad sexual en los colegios.
Los homofóbicos —encabezados por el procurador Alejandro Ordóñez, y disfrazados de asociaciones de padres de familia— pidieron la nulidad de la sentencia, pues la muy malvada Corte Constitucional estaba coartando su derecho a enseñarle la intolerancia a sus hijos y, según ellos, eso atentaba contra la diversidad (¡hágame el favor!) — pues esta semana la Corte dictó sentencia desestimando esas peticiones: