En 2007, el Concejo de Cartagena de Indias (Bolívar, Colombia) aprobó el Acuerdo 05 de 2007, en el cual se imponía una oración cristiana en todas las entidades públicas de la ciudad; incluso en colegios. En 2015, el mismo Concejo
evaluó un proyecto para acabar con la oración obligatoria, pero la propuesta terminó siendo descartada. Después de esto, el grupo de investigación que dirigía el abogado
Miguel Ángel Garcés Villamil demandó la norma y el juzgado 11 de Cartagena concedió las medidas cautelares,
suspendiendo la norma efectivamente mientras era evaluada, lo que llevó a los concejales a hacer una
pataleta que, de milagro, sólo tuvo un efecto mediático pero no influyó en el curso del juicio; así que en marzo de 2017, el mismo juzgado
anuló la norma, porque no se pueden usar recursos públicos para promover creencias privadas — al fin y al cabo,
Colombia es un Estado laico.
Diez años se demoró la Rama Judicial en corregir el entuerto de feudalismo intelectual impuesto por los pastoriles cabildantes cartageneros, quienes, aún así decidieron apelar la decisión, porque, aparentemente, les jode mucho la vida no poder ir por el mundo exigiéndole a todo el mundo que se someta a las reglas de su amigo imaginario. De cualquier forma, a finales de 2019 el
Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la nulidad de la norma, en la gloriosa
sentencia 353/19 (la sentencia se hizo pública el 15 de enero de 2020):
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