En su columna de esta semana, Daniel Coronell explica que Colombia es un Estado laico y luego repasa cómo la Procuraduría General de la Nación —convertida por Alejandro Ordóñez en órgano inquisitorial del más cavernario y ultramontano catolicismo— desperdicia el dinero de los contribuyentes para imponernos a todos los ciudadanos los dogmas de su superstición, en estos días su oposición a la eutanasia.
La columna, titulada El derecho al pecado, pasa revista a los peones que Ordóñez ha usado para esto — gente bastante peligrosa:
Por un lado la procuradora delegada para el Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda Visbal, que –en curiosa interpretación de sus funciones– demandaba que la juez le tutelara el derecho a la vida a don Ovidio. Es decir que la Justicia lo obligara a seguir vivo en contra de su voluntad y del derecho constitucional a la eutanasia. (Ver Oficio Procuraduría)
Por otra parte, el procurador general enviaba al modesto juzgado municipal de Pereira, una nota suya designando como su agente especial al procurador de familia Jesús Guillermo Bohórquez Plazas quien pretendía examinar la historia clínica del paciente. (Ver carta del Procurador designando a Bohórquez)
Cada uno de estos procuradores tiene una historia interesante.
Diana Margarita Ojeda Visbal es la hermana de Pedro Ojeda Visbal, un gran amigo del paramilitar extraditado Salvatore Mancuso. La hoy procuradora presentó a su polémico hermano con el abogado Alberto Rojas Ríos para que lo asesorara en un litigio de una de sus empresas dedicada a los alumbrados públicos. La Silla Vacía descubrió que Rojas Ríos –en 2013, durante su campaña para magistrado de la Corte Constitucional– había olvidado declarar y pagar impuestos por los casi 500 millones de pesos que le pagó Ojeda Visbal. (Ver vínculo)
El otro ariete de Ordóñez para este caso, Jesús Guillermo Bohórquez Plazas, fue hasta hace un tiempo asesor del despacho del procurador general. El doctor Bohórquez se muestra en las redes sociales como seguidor del Diario de San Josémaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, una prelatura ultracatólica que no necesita presentación. (Ver Facebook Bohórquez)
A pesar de la ofensiva de la Procuraduría, la juez defendió la aplicación del derecho y don Ovidio pudo recibir la eutanasia.
Sin embargo, la persecución prosigue.
Para completar, la oscurantista agenda con la que Ordóñez busca anular la regulación de la eutanasia es completamente inútil — como habíamos mencionado, en el país se hicieron más de 100 eutanasias completamente legales antes de que el Ministerio expidiera su regulación.
La eutanasia sigue siendo un derecho fundamental, independientemente de si hay regulación.
(imagen: De la Urbe, Universidad de Antioquia)
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