Buena parte de mis fuentes noticiosas incluye comentaristas y portales enfocados en el progreso —no en guerras culturales, sino en mejoras tangibles, muchas de ellas fruto del trabajo científico—. En ese ámbito, hay un tema que aparece cada vez con más frecuencia, cuyas credenciales de “progreso” me parecen dudosas: se trata de la iniciativa de prohibir la venta de cigarrillos a partir de cierta generación. Es decir, impedir que quienes nazcan después de un año determinado puedan comprarlos al alcanzar la mayoría de edad, con la intención de erradicar el tabaquismo de una vez por todas.
Dejando de lado las merecidas felicitaciones a los políticos que finalmente encontraron la voluntad para enfrentarse a la industria tabaquera —apenas 80 años tarde, pero supongo que más vale tarde que nunca—, llama la atención que esa valentía desaparezca cuando se trata de regular la mal llamada “inteligencia” artificial o el sector financiero, el cual probablemente volverá a ser rescatado cuando estalle la próxima burbuja. Más allá de esa inconsistencia, vale la pena señalar que esta propuesta es innecesaria, contraproducente y autoritaria.
Es innecesaria porque el tabaquismo ya está en retroceso. Las tasas de consumo han caído de forma sostenida durante años, y cada generación fuma menos que la anterior. La práctica, en otras palabras, ya se encuentra en estado crítico. Conviene entonces preguntarse por qué no permitir que termine de desaparecer por inercia. ¿Para qué interrumpir lo que está funcionando? Cuando un comportamiento está en declive estructural, intervenir agresivamente puede ser innecesario o incluso disruptivo. Lo que me lleva al siguiente punto.
La prohibición generacional del cigarrillo también es contraproducente. Las prohibiciones tienden a volver más atractivo aquello que intentan eliminar, especialmente entre los jóvenes. Lo que antes no despertaba interés puede adquirir un aura de rebeldía simplemente por estar vetado. Y además, ¿no hemos aprendido nada de ese fracaso moral llamado guerra contra las drogas? Prohibir la venta de cigarrillos empujaría el mercado hacia la clandestinidad: productos de dudosa calidad, precios inflados y redes criminales disputando territorio al margen de la ley. El resultado no sería la desaparición del consumo, sino su resucitación artificial.
El tabaco no es la cocaína o la heroína, ni necesariamente generaría estructuras criminales del mismo calibre; sin embargo, la lógica es similar: cuando se prohíbe un mercado con demanda persistente, alguien lo suple por fuera de la ley.
Y, finalmente, la idea es autoritaria porque, de todas las esferas en las que el Estado debería intervenir para protegernos —y ciertamente no escasean—, tomar malas decisiones sobre nuestra propia salud es el último rincón en donde debería meterse.1
No seré yo quien se oponga a que el Estado intente reducir comportamientos nocivos; sin embargo, existen alternativas de política pública menos intrusivas y ya probadas: campañas de educación y pedagogía, impuestos al tabaco, espacios públicos libres de humo, regulación de la publicidad e incluso el aumento de la edad legal de compra. Medidas que, vale la pena repetir, ya han demostrado ser efectivas.
Posiblemente el argumento más fuerte a favor de este tipo de propuestas sea el costo sistémico del tabaco: no solo acorta la esperanza de vida y causa daños profundos en las familias, sino que también impone una carga considerable sobre los sistemas de salud pública. Si lo que se busca es reducir esos costos individuales, familiares y sociales, entonces cabe preguntarse por qué optar por una estrategia que, lejos de resolver el problema, puede empujarlo hacia la clandestinidad y terminar empeorándolo.
Por todo esto, sinceramente espero que las propuestas legislativas de la prohibición generacional del tabaco fracasen allá donde surjan.
1 Los magufos y charlatanes que defienden la homeopatía y otras pseudociencias podrían intentar agarrarse de este argumento para sostener que sus prácticas tampoco deberían prohibirse. La diferencia, sin embargo, es fundamental. Las pseudociencias son estafas: se revisten del lenguaje y la apariencia de la ciencia para vender productos o tratamientos que prometen mejorar la salud o curar enfermedades, sin evidencia que los respalde.
Los vendedores de cigarrillos y otras drogas, en cambio, no prometen beneficios médicos ni ocultan sus efectos nocivos. Lo que ofrecen es un subidón, no una cura. Son dos escenarios radicalmente distintos. Las pseudociencias explotan la ignorancia y las falsas expectativas para sacarles dinero a los incautos; el consumo de drogas, por su parte, suele implicar una decisión informada — o al menos lo suficientemente informada como para conocer los riesgos involucrados.
No es lo mismo engañar a alguien con promesas de salud que permitirle asumir voluntariamente un riesgo. Confundir ambos casos no es intelectualmente honesto.
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Publicado en De Avanzada por David Osorio | ¿Te ha gustado este post? Suscríbete para no perderte las próximas publicaciones
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