Parece que el país comienza a retomar su velocidad habitual para las ridiculeces y noticias vergonzosas.
Por ejemplo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que saboteó durante casi un año y medio la elección del nuevo fiscal será premiada con la elección de uno de sus miembros como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es lo que yo llamo una medalla a la obstrucción de la justicia.
Siguiendo con la Rama Judicial, desde la Presidencia se coquetea con el mediático y farandulero juez Baltazar Garzón para que venga a ser asesor a la vez que la oposición del Procurador parece más la de un aliado falangista (Falange es un movimiento español fascista que desprecia a Garzón, no por sus cuestionables actos sino por lo único que ha hecho bien: la condena de Augusto Pinochet, tan amigo de Franco).
Y volviendo a nuestra Corte Suprema, Mario Uribe —aquel personajillo que pidió asilo invocando una persecución política, mientras su primo era Presidente (?)— presentó unas patéticas excusas al país:
Señor Uribe, el problema es que las autodefensas sí le brindaron apoyo a Ud.
Siguiendo con temas relacionados con la familia Uribe, a la fiscal que estaba haciendo progresos en el caso del Referendo reeleccionista decidieron relevarla y cambiarla de unidad.
Ahora, vamos al Congreso.
Entre el Partido Liberal y el de la U, proponen una Ley de Paz. Pero el problema no es que no haya leyes, sino que no se cumplen. Y los mismos dos partidos no son tan amigos cuando se trata de restituir tierras: resulta que para los de la U, ser víctima del conflicto no responde a los criterios del sentido común sino al momento en que ocurrieron los hechos. O sea: si una familia fue desplazada en el 2000, sí son víctimas. Si lo fue en 1985, no lo son.
Y no faltó nada para que los Representantes a la Cámara consiguieran la licitación para el blindaje de 215 carros oficiales.
Hablando de lujos y extravagancias, no puedo dejar de mencionar al excontralor, Julio César Turbay, cuyo puesto básicamente consistía en evitar la malversación del erario por parte de cualquier servidor público. Algo en lo que él terminó siendo todo un profesional. Su carro oficial era envidiable.
Por supuesto, no puede faltar el Gobierno.
Ahora, cuando el Estado viole los derechos de sus ciudadanos, el Gobierno quiere recibir un descuento en el cálculo de daños y perjuicios. El argumento del gobierno es que las sentencias condenatorias están drenando las arcas de la Nación. La solución es muy sencilla: que el Estado deje de violentar a sus propios ciudadanos. ¿Que no era esa su obligación desde un principio?
Y mientras todo el aparato estatal se encuentra en esas profundas e importantísimas tareas, olvidan la experiencia en Chile del año pasado y dejan en total abandono a los mineros de todo el país, accidente tras accidente.
Por ejemplo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que saboteó durante casi un año y medio la elección del nuevo fiscal será premiada con la elección de uno de sus miembros como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es lo que yo llamo una medalla a la obstrucción de la justicia.
Siguiendo con la Rama Judicial, desde la Presidencia se coquetea con el mediático y farandulero juez Baltazar Garzón para que venga a ser asesor a la vez que la oposición del Procurador parece más la de un aliado falangista (Falange es un movimiento español fascista que desprecia a Garzón, no por sus cuestionables actos sino por lo único que ha hecho bien: la condena de Augusto Pinochet, tan amigo de Franco).
Y volviendo a nuestra Corte Suprema, Mario Uribe —aquel personajillo que pidió asilo invocando una persecución política, mientras su primo era Presidente (?)— presentó unas patéticas excusas al país:
pidió perdón a los colombianos ante la Corte Suprema de Justicia por haberse reunido con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en Córdoba, en el año 2002. Aseguró que haberlo hecho fue un error y reiteró que jamás brindó ningún tipo de apoyo a las autodefensas.
Señor Uribe, el problema es que las autodefensas sí le brindaron apoyo a Ud.
Siguiendo con temas relacionados con la familia Uribe, a la fiscal que estaba haciendo progresos en el caso del Referendo reeleccionista decidieron relevarla y cambiarla de unidad.
Ahora, vamos al Congreso.
Entre el Partido Liberal y el de la U, proponen una Ley de Paz. Pero el problema no es que no haya leyes, sino que no se cumplen. Y los mismos dos partidos no son tan amigos cuando se trata de restituir tierras: resulta que para los de la U, ser víctima del conflicto no responde a los criterios del sentido común sino al momento en que ocurrieron los hechos. O sea: si una familia fue desplazada en el 2000, sí son víctimas. Si lo fue en 1985, no lo son.
Y no faltó nada para que los Representantes a la Cámara consiguieran la licitación para el blindaje de 215 carros oficiales.
Hablando de lujos y extravagancias, no puedo dejar de mencionar al excontralor, Julio César Turbay, cuyo puesto básicamente consistía en evitar la malversación del erario por parte de cualquier servidor público. Algo en lo que él terminó siendo todo un profesional. Su carro oficial era envidiable.
Por supuesto, no puede faltar el Gobierno.
Ahora, cuando el Estado viole los derechos de sus ciudadanos, el Gobierno quiere recibir un descuento en el cálculo de daños y perjuicios. El argumento del gobierno es que las sentencias condenatorias están drenando las arcas de la Nación. La solución es muy sencilla: que el Estado deje de violentar a sus propios ciudadanos. ¿Que no era esa su obligación desde un principio?
Y mientras todo el aparato estatal se encuentra en esas profundas e importantísimas tareas, olvidan la experiencia en Chile del año pasado y dejan en total abandono a los mineros de todo el país, accidente tras accidente.
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