Esta es una traducción libre de The Twin Insurgency, por Nils Gilman el 15 de junio de 2014, publicado en el Volumen 09 Número 6 de The American Interest. A pesar de que fue escrito hace más de 10 años, su tesis sigue vigente y, creo, está siendo reivindicada.
Los Estados dentro de la economía política global actual se enfrentan a una doble insurgencia: una desde abajo y otra desde arriba. Desde abajo surge una serie de insurgencias criminales interconectadas en las que los marginados globales resisten, cooptan y eluden a los Estados mientras buscan empoderarse y enriquecerse en la sombra de la economía global. Carteles de droga, traficantes de personas, piratas informáticos, falsificadores, traficantes de armas y otros explotan las lagunas, excepciones y fallas de las instituciones de gobernanza para construir imperios comerciales globales. Estos imperios luego despliegan sus recursos para corromper, cooptar o desafiar a los actores políticos establecidos.
Desde arriba surge la insurgencia plutocrática, en la que las élites globalizadas buscan desentenderse de las obligaciones y responsabilidades nacionales tradicionales. Desde activistas libertarianos hasta abogados de paraísos fiscales, pasando por especuladores de divisas y magnates de la extracción de minerales, los nuevos superricos globales y sus colaboradores están librando una amplia campaña para limitar el alcance y la capacidad de los recaudadores de impuestos y reguladores gubernamentales, o para manipular estas funciones como herramienta en su despiadada competencia empresarial.
A diferencia de los insurgentes clásicos del siglo 20, que buscaban controlar el aparato estatal para implementar reformas sociales, los insurgentes criminales y plutocráticos no pretenden tomar el control del Estado. Tampoco desean destruirlo, ya que dependen parasitariamente de él para obtener los bienes tradicionales del bienestar social: salud, educación, infraestructura, etc. Su objetivo es más simple: crear zonas de autonomía de facto para sí mismos, debilitando la capacidad del Estado para restringir su libertad de acción (económica).
Los fracasos del modernismo social
Para comprender cómo estas dos insurrecciones cobraron fuerza, es necesario un breve repaso al pasado. Durante la era del modernismo social (1945-1971), prácticamente todos los Estados —ya fueran capitalistas o comunistas, industrializados o en vías de desarrollo, grandes potencias o poscoloniales— buscaban legitimarse sirviendo a los intereses de las clases medias, cuyo tamaño pretendían expandir. Tanto las estrategias de acumulación capitalistas como las comunistas se basaban en el fomento de los trabajadores industriales, de quienes se esperaba que trabajaran para ganarse la vida y a quienes, a su vez, se les aseguraba que el Estado no solo mejoraría progresivamente su nivel de vida, sino que también los protegería de las adversidades mediante diversas formas de seguridad social.
Estos eran “Estados de bienestar” en el sentido de que buscaban promover el bienestar general en lugar de ayudar a los pobres o defender las prerrogativas de los ricos. En el mundo no comunista, los ricos pagaban impuestos no por hostilidad de clase, sino para financiar beneficios para la sociedad en su conjunto. La atención médica, las pensiones, la educación, etc, se concebían menos como “derechos” individuales y más como bienes públicos de disfrute colectivo. Si bien existieron diversos tipos de contratos sociales durante este período, en prácticamente todos los países las élites sentían la obligación de velar por el bienestar de la clase media.
En parte como resultado de estas prestaciones sociales, la desigualdad en la mayoría de los países disminuyó progresivamente. Para las élites occidentales en particular, el hecho de que la Guerra Fría hiciera posibles alternativas radicales al capitalismo sin duda contribuyó a concentrar un cierto compromiso con propósitos morales, sociales y políticos más amplios.1 La solidaridad social de la posguerra y las preocupaciones por la seguridad nacional durante la Guerra Fría también generaron mayores reservas de capital social, lo que reforzó la confianza en el gobierno y posibilitó políticamente la consecución de tales fines. Esto fue especialmente cierto en Estados Unidos.
Puede que durante este período el ideal del Estado de bienestar modernista se haya incumplido en gran medida, pero se respetó. Y se respetó a pesar de la competencia de la izquierda, que buscaba una política más explícita de igualación de clases, y de la derecha, que pretendía mantener o imponer diversas formas de exclusión racial, nacional o de clase. El Estado de bienestar liberal se mantuvo firmemente establecido como modelo hegemónico, es decir, como el punto de referencia con el que otros discursos políticos y modelos político-económicos propuestos debían definirse.
Sin embargo, en la década de los Setenta, se hizo evidente que los Estados modernistas sociales estaban incumpliendo cada vez más sus promesas. En Occidente, la inflación erosionó los fundamentos técnicos del orden financiero de Bretton Woods, y el estancamiento económico socavó el consenso tecnocrático a favor de la gestión keynesiana de la demanda y el consenso político a favor del reparto de las ganancias de productividad entre el trabajo y el capital. En Oriente, las economías de planificación centralizada se revelaron no solo como políticamente represivas, sino también como económicamente ineficientes y ambientalmente catastróficas. En el Sur Global, el auge de las materias primas de los Setenta propició una época dorada para algunos productores primarios, pero la industrialización mediante la sustitución de importaciones no logró sostener el crecimiento, y la crisis de la deuda de principios de la década de 1980 acabó con cualquier esperanza de un nuevo orden económico internacional.
Para 1980, la reacción contra el Estado modernista social ya se había instalado. Los niveles de desigualdad económica volvieron a aumentar, alcanzando finalmente cotas no vistas desde la década de los Veinte, lo que llevó a un financiero a celebrar el orden económico emergente como una “plutonía”, es decir, una economía orientada a los intereses de los plutócratas.2 Cuando el comunismo colapsó en 1989, lo que murió no fue solo el sistema económico colectivista y la política autoritaria de la Unión Soviética y sus satélites. Junto con el cadáver del comunismo, se desvaneció la concepción cívica del desarrollo como responsabilidad central del Estado y las élites aliadas, una concepción compartida tanto por comunistas como por liberales durante la Guerra Fría. No fue solo que el Estado se “retirara” de los “puntos de mando” de la economía, para usar los términos de Daniel Yergin, sino también que la propia ambición del Estado retrocediera. Muchos Estados dejaron incluso de fingir que querían crear una sociedad más igualitaria y, en cambio, buscaron legitimarse afirmando que maximizaban las oportunidades individuales. Para los defensores de esta perspectiva, el ascenso de nuevos plutócratas no representó una derrota, sino un éxito para el nuevo modelo de gobierno. La mejor imagen que el Banco Mundial pudo proyectar del nuevo orden fue afirmar, en 1997, que a partir de entonces el papel del Estado sería el de “guiar” en lugar de “remar”. A principios del nuevo milenio, incluso algunos sectores de la izquierda habían llegado a dudar de si se podía confiar en que los Estados promovieran el interés público de manera eficaz y desinteresada.
Dos textos publicados el año de la caída del Muro de Berlín, “¿El fin de la historia?” de Francis Fukuyama y “El consenso de Washington” de John Williamson, explicaron la naturaleza del nuevo orden.
Fukuyama propuso que la Historia con mayúscula (en el sentido hegeliano de la disputa ideológica sobre la relación adecuada entre el Estado y la sociedad civil) había llegado a su fin con un acuerdo universal de que el capitalismo liberal y democrático no solo era la mejor, sino la única forma razonable de organización sociopolítica y económica. Al hacerlo, Fukuyama no abogaba por Estados débiles, y de hecho, más tarde argumentó que las capacidades ejecutivas estatales estaban ampliamente infravaloradas como condiciones previas para el desarrollo y la buena gobernanza, incluso en sociedades prósperas. Sugirió, en cambio, que el modelo de economía planificada había sido relegado al basurero de la historia de Trotsky. El texto de Williamson fue más pragmático que metafísico, y detalló este consenso político “posthistórico” con imperativos específicos en torno a la disciplina fiscal, la reorientación del gasto público para alejarlo de los subsidios, la derogación de los códigos tributarios progresivos, las fluctuaciones de la divisa, la liberalización del comercio y la inversión transfronteriza, la privatización de las empresas estatales y la desregulación de las privadas, y, sobre todo, la consagración de los derechos de propiedad privada.
El Consenso de Washington, en particular, promovió no solo el derrocamiento del Estado, sino un desafío radical a la idea de que el liderazgo tecnocrático constituía la principal vía para garantizar el bienestar social colectivo. Iniciados como política interna en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y en los Estados Unidos de Ronald Reagan, pero continuados posteriormente en administraciones controladas por sus respectivos opuestos políticos, los programas asociados con el Consenso de Washington —sobre todo la privatización de los activos industriales nacionales (especialmente de las empresas y servicios públicos estatales) y la desregulación (especialmente de las empresas financieras)— pronto se convirtieron en el modelo que Londres y Washington intentaron exportar al Sur Global y al mundo poscomunista bajo la rúbrica de “ajuste estructural” y “terapia de choque”. Como concluyó Dani Rodrik, «“Estabilizar, privatizar y liberalizar” se convirtió en el mantra de una generación de tecnócratas que se forjaron en el mundo en desarrollo y de los líderes políticos a quienes asesoraban».3
Esta transformación del papel del Estado tras la Guerra Fría ha incrementado drásticamente la precariedad de la vida de las clases medias en la mayoría de las sociedades. A nivel material, ha generado nuevas formas de inseguridad sin precedentes. Desde arriba, las clases medias se ven amenazadas por una élite financiera global, aliada con compradores ultrarricos, quienes buscan recortar los servicios sociales y los impuestos que los financian; impuestos que estas élites describen como una forma de expropiación ilegítima. Desde abajo, las clases medias se ven expuestas a un nuevo resurgimiento de la delincuencia, que ha encontrado en su difícil situación una oportunidad de negocio.
Al mismo tiempo, a nivel ideológico, la crisis del Estado nacionalista, centrado en los trabajadores y proveedor de bienestar social, ha debilitado la capacidad de las clases medias para organizarse colectivamente frente a estas nuevas amenazas. La pérdida de fe en el Estado como proveedor de bienestar desinteresado, surgida después de la década de los Sestenta, explica en gran medida por qué los movimientos “Occupy” de 2008-2009 no lograron generar un apoyo político significativo.
Insurgencia plutocrática
El retroceso ideológico del Estado social modernista representa, por tanto, el facilitador central de la insurgencia plutocrática. Durante la década de los Noventa, surgió una nueva clase de élites económicas trotamundos, enriquecida por las oportunidades creadas por las empresas industriales globalizadas, los servicios financieros desregulados y las nuevas plataformas tecnológicas. Esta nueva clase es un orden de magnitud más rica en términos absolutos que las generaciones anteriores de ultrarricos. Como ha demostrado recientemente Thomas Piketty, el ascenso de los nuevos plutócratas desde los años Setenta refleja un cambio histórico en la estructura de la acumulación de capital. El régimen de acumulación que predominó durante el apogeo del modernismo social dependía de una nueva clase de trabajadores que podían permitirse los bienes que producían. Las grandes fortunas de finales del siglo 19 y principios del 20 se construyeron sobre las espaldas de trabajadores-consumidores en contextos nacionales principalmente orientados hacia adentro. Por el contrario, los plutócratas de hoy prosperan vendiendo sus bienes y servicios a nivel mundial; su éxito está dramáticamente menos conectado con la suerte de sus conciudadanos que el de generaciones anteriores.
Además, los dos tipos característicos de acumulación masiva de riqueza a principios del siglo 21 han sido la alta tecnología y los servicios financieros. Ninguna de estas industrias depende de masas de trabajadores, por lo que su productividad está separada de la salud de cualquier clase media nacional en particular. El resultado ha sido un aumento dramático de la desigualdad dentro de los países, incluso cuando la desigualdad de riqueza a nivel transnacional se ha reducido.
Los plutócratas también han desarrollado nuevas concepciones ideológicas de sí mismos. Muchos se ven a sí mismos como “los ganadores merecedores de una dura competencia mundial” y consideran los esfuerzos para obligarlos a pagar por los bienes públicos como poco más que un robo organizado.4 Mientras que durante la Guerra Fría la aparente disponibilidad de una alternativa socialista presionó a los ultrarricos para moderar sus ambiciones maximalistas, el colapso del comunismo eliminó esa limitación, permitiendo un cambio en cómo muchos de los nuevos ultrarricos concebían su relación con la sociedad. Si bien algunos continuaron considerándose con una deuda con las sociedades en las que se enriquecieron, un subconjunto significativo, particularmente entre las élites financieras, comenzó a ver sus logros personales como separados del éxito de las sociedades nacionales en las que residen. En lugar de verse a sí mismos como los ganadores finales de los sistemas en los que trabajan, se caracterizaron como los nobles rebeldes que lograron triunfar por sí solos a pesar del lastre causado por los gobernantes, los holgazanes y los parásitos en el gobierno y la sociedad. La creciente popularidad de las novelas pseudofilosóficas de Ayn Rand, a cuyas ideas George Monbiot se refiere como “el marxismo de la nueva derecha”, representó la manifestación más visible de una ideología que describe a los ricos como “hacedores” y a las masas como “tomadores” vagos.5 Desde Washington hasta Londres, centros de estudios financiados por plutócratas se dedicaron a crear un corpus de ideas y propuestas políticas viables, orientadas a desmantelar lo que quedaba de la modernidad social. Este giro ideológico anunció la llegada de la insurgencia plutocrática.6
La característica definitoria de la insurgencia plutocrática es su objetivo: desfinanciar o dejar de proporcionar bienes públicos para debilitar a un Estado que sus seguidores ven como una amenaza a sus prerrogativas. (Nótese que, conceptualmente, las insurgencias plutocráticas difieren de las cleptocracias; estas últimas utilizan las instituciones del Estado para saquear a la población, mientras que las primeras desean neutralizar esas instituciones para facilitar el saqueo del sector privado. En la práctica, estas pueden superponerse o mezclarse). En la práctica, la insurgencia plutocrática toma la forma de esfuerzos para reducir los impuestos, lo que requiere recortar el gasto en bienes públicos; reducir las regulaciones que restringen la acción corporativa o protegen a los trabajadores; y desfinanciar o privatizar instituciones públicas como escuelas, atención médica, infraestructura y espacio social.
La estrategia política asociada con la insurgencia plutocrática es utilizar la austeridad frente a las crisis económicas para reescribir los contratos sociales sobre la base de un conjunto mucho más limitado de obligaciones sociales mutuas, cuyo efecto final es descolectivizar los riesgos sociales. Como paliativo a la pérdida de bienes públicos y programas respaldados por el Estado para mejorar el bienestar público, los insurgentes plutocráticos suelen promover la filantropía (dirigida a fines definidos no democráticamente sino, naturalmente, sólo por ellos mismos). “No existe tal cosa como la sociedad”, declaró Margaret Thatcher, emitiendo el cri de coeur de los plutócratas insurgentes en todas partes. Si la sociedad no existe, entonces la idea misma de servicios sociales se derrumba, junto con cualquier responsabilidad por parte de los ricos de contribuir a ellos. Desde esta perspectiva, la insurgencia plutocrática significa la reimportación de las políticas de “ajuste estructural” antes mencionadas (originalmente diseñadas para disciplinar a los estados pobres) de regreso a los países ricos e industrializados.
Para los insurgentes plutocráticos, esta estrategia se basa fundamentalmente en un análisis de costo-beneficio: el precio que el Estado modernista les exige pagar en impuestos y cargas regulatorias supera los beneficios que creen obtener al vivir en dicho Estado. Los insurgentes plutocráticos creen que pueden permitirse (y, por lo tanto, que todos deberían estar obligados a) comprar por sí mismos los bienes que antes se esperaba que el Estado proporcionara. Viven en urbanizaciones cerradas, viajan en aviones privados y autobuses privados, y envían a sus hijos a colegios exclusivos. Si bien cada una de estas decisiones puede estar motivada por preferencias de estilo de vida o un deseo de diferenciación social, el resultado es una progresiva desinversión moral y una desconexión cívica con la calidad de estos servicios tradicionalmente públicos, especialmente a medida que el hábito de prescindir de los servicios públicos se extiende desde los oligarcas hasta las clases medias altas.
Dejando de lado el carácter antidemocrático de estos servicios privados o los problemas de selección adversa que surgen de las privatizaciones parciales, la característica principal del surgimiento de la insurgencia plutocrática es la rebelión de los ricos contra el pago de impuestos por servicios públicos que jamás planean utilizar. A medida que la calidad de estos servicios públicos se deteriora, se genera un ciclo de retroalimentación positiva en el que los insurgentes plutocráticos ven cada vez menos motivos para contribuir a las sociedades que los acogen y, de hecho, cuestionan activamente la idea de que la ciudadanía conlleva responsabilidades económicas.
Insurgencia criminal
Muchos de los procesos que impulsan la insurgencia plutocrática también sustentan la insurgencia criminal: la globalización de los flujos económicos, la creciente desigualdad de la riqueza y el colapso de la provisión estatal de bienes y servicios públicos. En parte, por eso se trata de insurgencias gemelas, la plutocrática y la criminal, ya que ambas han prosperado sobre la base de las mismas condiciones cambiantes. La otra razón de esta dualidad es que se retroalimentan mutuamente.
Desde América Latina hasta África y el antiguo bloque del Este, los programas de ajuste estructural y terapia de choque de las décadas de los Ochenta y Noventa provocaron el debilitamiento del Estado: si bien los edificios e instituciones físicas de los Estados “ajustados” pudieron haberse mantenido, sus ambiciones y capacidades se redujeron drásticamente. Los Estados de estos países disminuyeron considerablemente el gasto en servicios sociales, desde subsidios para alimentos y combustible hasta servicios sociales más amplios como la salud pública y las pensiones. Las industrias estatales fueron cerradas o privatizadas, con la consiguiente reducción drástica de salarios y empleos. En otras palabras, el Estado fue perdiendo aún más su capacidad para brindar una vida digna a sus ciudadanos, lo que provocó el colapso de la expectativa popular de que debía ser garante del progreso.
Al mismo tiempo, las economías de estos países se abrieron rápidamente a los flujos financieros y comerciales transfronterizos. Esta combinación creó tanto la oportunidad para que personas emprendedoras obtuvieran ingresos de nuevas maneras como, para muchos, la necesidad imperiosa de hacerlo por mera supervivencia. Estos efectos no fueron meramente un subproducto, sino el objetivo explícito de los programas de ajuste estructural y terapia de choque: reducir el intervencionismo estatal y abrir la economía buscaba liberar el espíritu emprendedor, y así fue.
Lamentablemente, la globalización impulsada por la terapia de choque en las economías anteriormente cerradas del bloque del Este y el Sur Global resultó tener un inconveniente importante. Mientras que la globalización convencional, celebrada por figuras como Thomas Friedman, acaparaba los titulares, el desarrollo paralelo de una globalización “desviada” en sectores como el narcotráfico, la inmigración, la caza furtiva y el contrabando de antigüedades permaneció el tiempo suficiente en la sombra como para echar raíces profundas. Si bien la debilidad del Estado poscomunista y posdesarrollista representaba un grave problema para las empresas convencionales y para las clases medias en crisis de estos países, ofrecía ventajas comparativas para el comercio ilícito. Mientras que los plutócratas se adueñaban de las oportunidades lícitas que brindaba la integración de la economía global, evitaban en su mayoría comerciar con bienes y servicios prohibidos por razones morales o de prudencia. Por el contrario, los empresarios desviados comprendieron que aprovechar las diferencias morales y regulatorias existentes en las distintas jurisdicciones del mundo presentaba fantásticas oportunidades de negocio, oportunidades que surgían continuamente a medida que las capacidades de los diferentes Estados se contraían a ritmos distintos. Los globalizadores anónimos de las décadas de los Noventa y Dosmil fueron, por tanto, los criminales que rápidamente expandieron sus organizaciones locales de corrupción familiar hasta convertirlas en imperios comerciales desviados de alcance mundial.
Estos representantes de la globalización desviada constituyen los líderes de la insurgencia criminal actual. Si bien suelen surgir de las clases excluidas y subalternas de sus sociedades, lo que los distingue de los revolucionarios sociales clásicos es que, en lugar de buscar construir o capturar el poder estatal institucionalizado, simplemente desean proteger sus rentas en los diversos mercados (generalmente desviados) que controlan. Organizaciones como el Primer Comando de la Capital en Brasil, la ‘Ndrangheta en Italia o Los Zetas en México no tienen interés en tomar el control de los estados en los que operan. En cambio, al igual que los insurgentes plutocráticos, buscan debilitar selectivamente al Estado para establecer una zona privada de autonomía económica, mientras siguen dependiendo del Estado para la prestación de servicios sociales precarios. Estos actores prosperan en entornos de estados débiles (e incluso intentan fomentarlos), y sus actividades refuerzan las condiciones de esta debilidad.
Esta observación nos permite comprender el error de los defensores liberales de la globalización que afirman que la pobreza, la inseguridad y la fragilidad estatal son resultado de la “desconexión” de la economía mundial. De hecho, incluso los estados paradigmáticamente “fallidos” —como el Congo, Somalia y Afganistán— están profundamente conectados a la economía global; sin embargo, en lugar de estar conectados a sus aspectos formales y legales, sus vínculos principales se establecen a través del comercio ilícito de minerales, la piratería, el narcotráfico internacional, etc. La cuestión crucial, por lo tanto, no es la conexión o la desconexión, sino el tipo de conexión.
A medida que la globalización desviada se arraiga en un lugar determinado, pronto comienza a generar un ciclo de retroalimentación positiva, de manera similar a como muchas especies animales y vegetales exitosas, al invadir un ecosistema natural, lo transforman.
Mejoran su capacidad para excluir a la competencia. Las debilidades estatales, que al principio solo facilitan sus negocios, pronto se convierten en ventajas que los grupos criminales, ahora fortalecidos, intentan perpetuar y expandir. Desvían fondos, lealtad política y, en ocasiones, territorio; incrementan la corrupción; y socavan el estado de derecho (piénsese en las organizaciones narcotraficantes mexicanas o las redes de contrabando en el Sahel, entre muchos otros ejemplos). Además, obligan a los Estados que funcionan correctamente en el sistema global a invertir una cantidad desmesurada de tiempo, energía y atención en controlar lo que entra y sale de sus fronteras.
Al construir sus imperios empresariales, los globalizadores desviados inevitablemente entran en conflicto con los Estados anfitriones de tres maneras distintas que los convierten de facto en actores políticos. En primer lugar, controlan vastas y crecientes extensiones de la economía global, operando con mayor prominencia en lugares donde el Estado está debilitado o en proceso de debilitamiento. La corrupción alimentada por el dinero del narcotráfico a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México ejemplifica este punto.
En segundo lugar, muchos empresarios desviados controlan y utilizan cantidades significativas de violencia, un riesgo laboral para quienes trabajan en industrias extralegales, que no pueden contar con el Estado para dirimir sus disputas contractuales. Este uso de la violencia genera un conflicto primario entre los empresarios desviados y una de las principales fuentes de legitimidad del Estado: su monopolio (en principio) sobre el uso socialmente aceptado de la fuerza, transformándolos de simples empresarios desviados en insurgentes criminales.
En tercer lugar, estos insurgentes criminales, en algunos casos, han comenzado a emerger como proveedores privados de justicia, atención médica e infraestructura; es decir, precisamente el tipo de bienes que los Estados funcionales debían proporcionar a sus ciudadanos. (Sin embargo, dado que se prestan de forma privada, los beneficiarios de los empresarios desviados no los consideran “bienes públicos”, ya que no son igualmente accesibles para todos los ciudadanos). Los carteles de la droga con base en las cárceles de Brasil, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger en Nigeria, el Cartel de Sinaloa en México y muchos más son insurgentes criminales que no solo han demostrado la voluntad y la capacidad de paralizar áreas de las funciones básicas de los estados donde operan, perturbando así los mercados globales al otro lado del mundo, sino que también prestan servicios sociales a las comunidades locales.
La insurgencia criminal es, por lo tanto, la forma que adopta la globalización desviada a medida que se expande y adquiere conciencia política. Por un lado, cuanto más crecen las industrias desviadas, mayor es el daño que causan a la legitimidad política de los estados en los que operan, socavando así la capacidad del Estado para proporcionar la infraestructura y los servicios de los que los insurgentes criminales pretenden beneficiarse sin contribuir. Por otro lado, la población de las zonas semiautónomas controladas por insurgentes criminales reconoce cada vez más a estos últimos, y no al debilitado Estado, como la verdadera fuente de poder y autoridad local.
Por supuesto, incluso cuando los actores que desvían sus funciones de gobernanza alternativa parecen “legítimos” ante los intereses locales, este tipo de gobernanza suele estar mal institucionalizada y carece de transparencia tanto en sus fines como en sus medios. No obstante, a medida que estos grupos asumen funciones que antes correspondían al Estado, sus aliados pierden cada vez más interés en las instituciones estatales formales, ahora debilitadas. Así, aunque los insurgentes criminales no tengan intención de destruir el Estado que los acoge, podrían precipitar un proceso que lleve a su colapso catastrófico.
La enclavización de las microsoberanías
Durante la década de los Noventa, se puso de moda la ironía declarar que, en la nueva era posmarxista, el Estado (al menos el Estado dirigista) estaba destinado a desaparecer. En verdad, estaba sucediendo algo más sutil: el doble colapso de la capacidad y la legitimidad del Estado social modernista estaba dando origen no a la utopía poshistórica de un consenso universal a favor del capitalismo democrático liberal, sino más bien a un monstruo de dos cabezas en forma de secesión plutocrática y globalización desviada. En lugar de proyectos de emancipación colectiva, lo que desean tanto los insurgentes plutocráticos como los criminales es que el Estado social modernista permanezca intacto excepto en la medida en que les afecte. Ni los insurgentes criminales ni los plutocráticos son revolucionarios en el sentido modernista clásico de actores políticos que buscan apoderarse del Estado.
De hecho, a medida que el Estado social modernista no cumplió su promesa, la noción misma de una revolución que aspira a un proyecto de reforma social colectiva a escala nacional ha llegado a parecer pintoresca. (Por supuesto, todavía existen rebeldes que buscan apoderarse del Estado o dirigirlo hacia proyectos de reforma social: movimientos marxistas como los zapatistas en México o los naxalitas en la India, movimientos islámicos como Al-Shabaab en Somalia y la insurgencia mora en Filipinas. Pero se puede decir que estos son fenómenos anacrónicos.) Los rebeldes de hoy no buscan cada vez más ni el control estatal ni la reforma social nacional (o internacional). Tampoco buscan una revolución política en el sentido arendtiano o burkeano de una lucha por el control operativo e ideológico directo sobre los órganos del Estado. En lugar de rebelarse contra un régimen político particular con el objetivo de construir un mejor gobierno, apuntan más bien a paralizar a sus estados anfitriones para obtener zonas de facto de autonomía privada que puedan permitir el enriquecimiento individual o corporativo. Por lo tanto, son parásitos en un sentido muy específico: aprovechan el legado institucional del modernismo social para evitar costos para sus negocios.
Lo que ambas insurgencias representan es la sustitución del ideal liberal de autoridad y derechos uniformes dentro de los espacios nacionales por una serie caleidoscópica de microsoberanías de facto e incluso de jure. En lugar de un espacio nacional único en el que se ejerce el poder y todos los residentes disfrutan de derechos de manera consistente y homogénea, la cartografía de la insurgencia dual consiste en diversos enclaves de autoridad política heterogénea y de acuerdos no estandarizados de prestación de servicios sociales.
A medida que surgen estos acuerdos, las autoridades nacionales y locales proliferan una variedad de excepciones cada vez más únicas a las reglas generales, denigrando progresivamente la noción liberal de igualdad ante la ley. Así como en la década de los Treinta se produjo una multiplicación de las condiciones entre la guerra y la paz, hoy vemos la multiplicación de diversas formas de autoridad entre el Estado moderno en toda regla y la anarquía absoluta, simbolizada por las líneas borrosas entre la policía, el ejército y los contratistas de seguridad privados. El proceso tiende a reforzarse a sí mismo: la proliferación de microsoberanías excepcionales y únicas aumenta el margen para que los insurgentes participen en arbitrajes jurisdiccionales y genera demandas por parte de otros insurgentes de sus propias excepciones soberanas. En el espacio de la insurgencia dual, la ciudadanía ya no significa el ideal liberal de un paquete idéntico de derechos para todos, sino que significa cosas muy diferentes dependiendo de dónde se encuentren los individuos en el espacio físico y social.
Dentro de los enclaves plutocráticos, la fuente de autoridad y lealtad es, en el fondo, el dinero. Desde una perspectiva espacial, los insurgentes plutocráticos buscan crear zonas de autoridad privada y autonomía legal donde puedan controlar en privado bienes que alguna vez se consideraron públicos, incluyendo no sólo la seguridad sino también, cada vez más, la educación, el transporte, la atención médica, las compras, la aplicación de la ley, etc. El caso paradigmático de la segregación y secesión espacial plutocrática son las llamadas comunidades cerradas. Estos espacios son mucho más que simples enclaves residenciales, sino que ofrecen cada vez más operaciones de servicio completo que contienen prácticamente todo lo que sus habitantes necesitan. Los residentes sólo necesitan salir para viajar a otros enclaves similares.
Los derechos dentro de esos espacios corresponden a los dólares más que a la ciudadanía. La visión del futuro aquí es la de un archipiélago global de lo que Evan McKenzie ha llamado “privatopias”, esencialmente enclaves cerrados conectados por aire e Internet a otros espacios similares, protegidos por altas murallas del turbulento océano distópico de hoi polloi.7
Además de estas zonas de separación física, los insurgentes plutocráticos también buscan (o buscan crear) zonas virtuales de excepción legal en forma de paraísos fiscales extraterritoriales y zonas económicas especiales que les permitan evitar aranceles y leyes diseñadas para proteger a los trabajadores o el medio ambiente. Los insurgentes plutocráticos son expertos en enfrentar a unas jurisdicciones contra otras, amenazando con trasladar su capital a otro lugar si las autoridades locales se niegan a concederle las excepciones que pretenden.
Los enclaves de los insurgentes criminales son más precarios. A diferencia de la separación visible de la que gozan los insurgentes plutocráticos mediante altos muros y guardias armados, las zonas autónomas de los globalizadores disidentes son más temporales y frágiles. Estos espacios autónomos adoptan la forma de salvajes “zonas prohibidas” donde un supuesto Estado modernista social puede reclamar autoridad, pero donde el verdadero poder lo ejercen señores de la guerra, gánsters u otro tipo de delincuentes organizados. En estas zonas, las fuentes de autoridad y lealtad, así como la aplicación del poder bruto, tienden hacia lo que podría denominarse “neotribalismo”: “neo” en el sentido de que las lealtades primarias no se adhieren solo a quienes comparten (supuestamente) vínculos de parentesco ancestral, sino más bien a todo tipo de conexiones personales intensas y ritualizadas entre jóvenes varones especialistas en el uso de la violencia.
En resumen, si bien la globalización está socavando las instituciones políticas nacionales y, por ende, las identidades y lealtades nacionales, lo que parece estar reemplazando lo nacional no es la identidad política “global” a la que aspiraban los soñadores “cosmopolíticos”, sino más bien un retorno a identidades localizadas arraigadas en clanes, sectas, etnias, corporaciones y pandillas.8 En términos literarios, este futuro tiene más en común con Snow Crash de Neal Stephenson que con la utopía de la Federación de Gene Roddenberry en Star Trek.
La principal dificultad que enfrentan tanto los insurgentes plutocráticos como los criminales radica en la incertidumbre sobre si el objetivo político que persiguen puede generar equilibrios de gobierno estables. Existen al menos dos razones para ser escépticos al respecto.
Primero, la fragmentación de la homogeneidad soberana aumenta los costos de transacción para quienes transitan por ella; exige invertir constantemente tiempo y esfuerzo para determinar con exactitud en qué zona de gobierno se encuentra uno y, por lo tanto, a quién se debe respeto y obediencia. Esto es igualmente cierto tanto si se consideran los ámbitos de la plutocracia como de la insurgencia criminal: en el primer caso, el precio se paga a los abogados; en el segundo, a los gánsters.
En segundo lugar, este entramado genera oportunidades para el arbitraje y la deserción de clientes y militantes hacia otros espacios de gobierno. Los principales perjudicados, por supuesto, son las clases medias: aquellas personas que respetan las normas, que estudian y obtienen empleos tradicionales de clase media cuya principal virtud es la estabilidad. Estas personas, que carecen de la crueldad necesaria para actuar como insurgentes criminales o de los recursos para actuar como insurgentes plutocráticos, solo pueden observar cómo las instituciones construidas a lo largo del siglo 20 para garantizar una alta calidad de vida a la gran mayoría de los ciudadanos se erosionan progresivamente. A medida que se desmoronan las bases sociales de la acción colectiva, los individuos de las clases medias se enfrentan cada vez más a una disyuntiva: aceptar una pérdida progresiva de la seguridad social y una degradación social de facto, o unirse a una de las dos insurgencias.
1 Dicho esto, las relaciones obrero-patronales en Occidente (particularmente en Estados Unidos) fueron combativas incluso durante el apogeo del modernismo social de posguerra. La reacción plutocrática contra los sindicatos y el alcance regulatorio y fiscal del Estado liberal existió desde el comienzo del New Deal y se convirtió en una estrategia política formal a mediados de la década de 1940. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría representó un hito importante. No se puede dejar de notar el contraste entre la mentalidad pública de estadistas de posguerra como Jean Monnet, Dwight Eisenhower y Willy Brandt y la forma descarada en que los presidentes de la posguerra fría (George H. W. Bush, Clinton), cancilleres (Schroeder) y primeros ministros (Blair) se han mostrado felices de recibir enormes pagos de fondos de cobertura y gobiernos extranjeros al dejar el cargo.
2 Véase Ajay Kapur, Niall Macleod y Narendra Singh, “Plutonomy: Buying Luxury, Whiching Global Imbalances”, Citigroup Research, 16 de octubre de 2005.
3 Rodrik, “Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?”, Journal of Economic Literature (diciembre de 2006).
4 Véase Chrystia Freeland, “The Rise of the New Global Elite”, The Atlantic (enero/febrero de 2011).
5 Monbiot, “A Manifesto for Psychopaths”, Guardian, 6 de marzo de 2012.
6 La suerte de los insurgentes plutocráticos en el BRICs ha sido más ambivalente. Rusia experimentó una enorme insurgencia plutocrática en los años Noventa, pero la llegada de Putin y la defenestración de los oligarcas de primera generación representaron la reafirmación de las prerrogativas del Estado, es decir, una contrainsurgencia plutocrática exitosa. Mientras que India ha estado experimentando muchos síntomas clásicos de insurgencia plutocrática, en Brasil los gobiernos socialdemócratas desde 2000 han logrado reducir la desigualdad y ampliar los beneficios de bienestar social. En China, el ascenso de los superricos se ha producido principalmente a través de empresas patrocinadas por el Estado (aunque no necesariamente de propiedad estatal), lo que significa que los plutócratas siguen dependiendo del Estado y del Partido Comunista y, como tales, son relativamente inseguros políticamente. Allí y en otras partes del este de Asia, la norma entre los plutócratas sigue siendo la búsqueda de rentas, más que la insurgencia.
7 McKenzie, Privatopia: Homeowner Associations and the Rise of Residential Private Government (Yale University Press, 2006).
8 “Cosmopolítica” es la acuñación de Pheng Cheah y Bruce Robbins, eds., Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation (University of Minnesota Press, 1998).
Publicado en De Avanzada por David Osorio | ¿Te ha gustado este post? Suscríbete para no perderte las próximas publicaciones
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