Resulta que la defensa de los derechos de los ciudadanos a manos de la justicia ordinaria, que le arrebata los casos a los decadentes y atrasados sistemas de justicia indígena, es motivo de escándalo:
Mientras el estudiante Nicolás Castro se expone a pasar entre entre 6 y 15 años en la cárcel por las amenazas de muerte contra un hijo del ex presidente Álvaro Uribe a través de Facebook, un indígena del Cauca pagó con 60 fuetazos haber regado el rumor de que un mandatario de Jambaló tenía nexos con los paramilitares.
¡Fuetazos! ¡Nada más y nada menos!
Aunque por el otro lado, el caso de Nicolás Castro es todo un juicio político, un vergonzante uso del sistema judicial del país, que podría utilizarse en algo serio y realmente importante como en procesar milicianos terroristas, tanto guerrilleros como paramilitares, o de los grupos de delincuencia común, en donde la palabra importante es común, toda vez que el hampa está desatada en el país.
Los cinco años de detención que pagaría un paez que abusó sexualmente de cinco mujeres, tres de ellas hijas suyas, llevó a que mujeres de las mismas comunidades del Cauca protestaran por primera vez y pidieran una condena severa.
Y con justa razón: ¿sólo cinco años por cinco violaciones? Tsk, tsk, tsk.
Este año, la Judicatura ha resuelto 28 conflictos de competencias: 25 terminaron en manos de la justicia ordinaria. Es el caso de un indígena en Cumbal (Nariño) que violó a un niño con síndrome de Down. El caso terminó en manos de un juez, al considerarse que el delito era ajeno a las tradiciones indígenas y que debía darse prelación al derecho de los niños a tener una protección especial.
Es fabuloso ver que en este país por lo menos existe una noción de justicia.
"Ven el mundo de otra manera, y nadie puede decir que su justicia es mejor o peor que la nuestra", dice un abogado que ha trabajado en varios casos de indígenas.
Sí, sí podemos. De hecho lo digo y por esta razón:
"No existen los códigos. La fuente del derecho indígena son los mitos, las creencias y las costumbres. Las decisiones se toman en comunidad", dice Ochoa Arias.
Son comunidades cuyos sistemas de justicia desconocen abiertamente el principio de legalidad: a uno no lo pueden acusar ni condenar de un delito que no esté tipificado en el código penal, lo que es una garantía para los ciudadanos.
No felices con esto, se basan en supersticiones en vez de en una apreciación positiva, verídica y verificable de la realidad, esto por no decir que dejan por fuera una aproximación científica a la misma y en consecuencia su justicia resulta autoritaria, autocrática y estúpida en vez de garantista.
Para la muestra:
La abogada kankuama Ana Manuela Ochoa Arias, de la Organización Nacional Indígena (Onic), asegura que gracias a la Carta del 91 la justicia indígena ganó espacio. Sin embargo, dice que son muchos los casos que terminan en la Corte Constitucional, por tutelas que pretenden frenar castigos señalados de ser demasiado crueles -el cepo- o muy blandos -los hechizos-.
¡Hechizos! ¿De dónde los habrán sacado? ¿De Harry Potter? Pues en ese caso, me acojo a la 'justicia' indígena y que cuando yo cometa cualquier delito me hechicen todo lo que quieran. No se preocupen, creo que sobreviviré a unos cuantos Wingardium Leviosa y Alohomora.
Muchos matrimonios embera-chamí, en Chocó y Risaralda, que tienen gemelos o bebés con deformidades optan por abandonar sus comunidades, pues entre ellos esos nacimientos son considerados como maldiciones.
Ese es un perfecto ejemplo de la ignorancia más básica de la biología y la genética.
¿Tuviste un gemelo o un niño con deformidades -que acudiendo a la medicina real se habría podido detectar y abortar-? Pues sencillo: vuélvete anacoreta. ¿Por qué? Porque la comunidad en la que naciste -y nació esa descendencia tuya, que condenan- no saben explicar los fenómenos más sencillos de la naturaleza. Y lo que es peor: los delitos son por quién se es y no por lo que se hace.
Todos hemos oído que los delitos se cometen, ¿cierto? Pues porque así es como funciona. Es de un atrasado penal, social, político y cultural gigantesco castigar a las personas por las cualidades de su personalidad, sus gustos, o sus tendencias políticas, religiosas o musicales, así como por los accidentes que les ocurren -salvo que le haya causado daño a alguien más y tenga una responsabilidad en el accidente y lo haya podido evitar... en fin-.
Según Chávez, al igual que con la justicia 'occidental', las autoridades tradicionales "no condenan de entrada, sino que se cumple la etapa de la investigación, verificación y recolección de testigos".
Eso está muy bien, pero ese proceder penal se estableció para garantizarle los derechos más básicos a una persona y no pueden simplemente adscribir a ciertas garantías del derecho procesal pero dejar otras por fuera. Todas tienen su razón de ser, que en última instancia, se resume en proteger a los ciudadanos de los excesos del poder.
Germán Carlosama López, senador del Movimiento Autoridades Indígenas, dijo que se trabaja para que en el proyecto de reforma de la justicia que va a discutir el Congreso se incluyan criterios de armonización entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial nacional.
Sólo espero que por "armonizar" no le empiecen a dar vía libre a la impunidad y a los sistemas autoritarios sino que se empiece a garantizar las instancias procesales a los que debería tener derecho toda persona sin importar ni su color, ni su etnia, ni el lugar dónde nació.
¡Já! Hechizos...
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