Colombia, Banana Republic — Noviembre 2015

• El presidente Juan Manuel Santos indultó a 30 terroristas de las Farc.

• Para poder juzgar al impresentable magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt hace falta un largo y tortuoso camino. Además su acusación fue embolatada.

• Manolo Duque, nuevo alcalde de Cartagena de Indias, incluyó en su gabinete a parapolíticos y políticos cuestionados.

• Mientras el presidente Juan Manuel Santos anunció ambiciosos compromisos de Colombia para enfrentar el cambio climático, ayudó a reelegir a la mayoría de los directores de las CAR, apadrinados por políticos, que las han convertido en focos de clientelismo, cuando gestión es clave para adaptarse a los estragos ambientales del cambio climático.

• La elección de tres miembros del Consejo de Gobierno Judicial se postergó para incluir a la malditasea nueve mujeres en las ternas y evitar que violaran la ley de cuotas. De las nueve mujeres incluidas a última hora, solo una ha tenido cargos que demandan una visión estratégica de una entidad (¡y es conservadora!). Es lo que tiene el machismo de menores expectativas: no las postulan por sus capacidades sino por sus rasgos biológicos.

• Rafael Pardo fue nombrado ministro consejero del posconflicto.

• En la conmemoración del 30º aniversario del holocausto del Palacio de Justicia, los uribistas pegaron afiches en el túnel del Congreso acusando a Jaime Bateman e Iván Marino Ospina de ser culpables de la toma del palacio, a pesar de que Bateman murió en 1983 y Ospina tres meses antes de la toma. Tanto sabe de historia nacional el uribismo.

• Tampoco habrá metro con Peñalosa.

• Bogotá se queda estancada en movilidad.

• Luis Hernández, líder de víctimas de Tierralta (Córdoba), fue asesinado.

• Héctor Mantilla, alcalde electo de Floridablanca (Santander), minion de la clase política tradicional y del conservatismo, cuenta con aliados cuestionados y cuestionables.

• En Santander, agonizan el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Hospital San Juan de Dios (de Floridablanca).

• El candidato de Yahir Acuña, Jhony Avendaño, quedó como director de Carsucre, autoridad ambiental del departamento de Sucre.

• Elkin Bueno Altahona, alcalde saliente de Barrancabermeja, estaría por adjudicarle a una empresa privada una concesión por 20 años para que asuma varias funciones de la Inspección de Tránsito de la ciudad, contrato por unos 1870 millones millones de pesos.

• El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, estaría buscando eliminar la protección ambiental de las reservas forestales que sean declaradas Zidres.

• El gobierno no 'reguló' el servicio de Uber y, en cambio, pasó un decreto que favorece (¡más!) a los taxistas.

• A pesar de prestar un pésimo servicio, el Gobierno es permisivo con Electricaribe.

• El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, es un acosador laboral que cotidianamente ofende, humilla e insulta a sus subalternos, en franca violación de la Constitución y la ley.

• Diana Carolina Sotomayor, directora de la oficina de Restitución en Ibagué (Tolima), también enfrente acusaciones de acoso laboral.

• Buena parte de las llamadas 'ciencias' sociales es filosofía buenrollista no soportada por la evidencia y es necesario reencauzarlas por el sendero del método científico y la evidencia. Pues Colciencias desperdició una oportunidad para hacer esto al despreciar la invitación a la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

• Sigue el problema de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria. El Gobierno todavía no sabe cuánto costaría descongestionarlas.

• Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol, fue matoneado en Twitter por hacer un reportaje sobre grafitis — ¡tan tolerantes los grafiteros!

• El hambre burocrática del fiscal Eduardo Montealegre acabó con la Universidad de la Fiscalía (CIJ).

• Los 36 estudiantes de la CIJ quedaron en el limbo.

• Cuando se revendieron los vehículos blindados del Congreso, no traspasaron sus licencias ni les cambiaron el nombre del dueño original.

• El grupo terrorista Farc pidió que el proceso de 'paz' les garantice participación política y curules directas por dos periodos. Y yo quiero un BMW.

• La administración Petro instaló un jardín infantil a cinco metros de donde pasará la ALO.

• La Corte Interamericana de DDHH condenó a Colombia por falta de investigación en la retoma del Palacio de Justicia.

• Hay inconsistencias en los documentos que la Policía le ha entregado a la Fiscalía en el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra, quien fue asesinado por un agente de Policía. Los investigados están recurriendo a estrategias dilatorias para quedar en libertad.

• Sólo el 25% de las vías rurales del país están en buen estado.

• Después de haber sido despedido por aparentes retaliaciones, el coronel Pedro León fue restituido en la Policía, pero es discriminado por haber ganado judicialmente.

• El escolta que el Gobierno le asignó a la líder de restitución de tierras de Urabá Ledis Tuirán se fue con el carro blindado del esquema de seguridad hace cuatro meses y no ha vuelto.

• El cabo Josué Ariza de la Policía confesó que lo amenazaron para que diera un falso testimonio en el caso sobre el asesinato de Luis Carlos Galán.

• Mateo López, concejal electo del municipio de Cachipay (Cundinamarca), en estado de ebriedad insultó a los agentes de Policía diciéndoles que él estaba por encima del pueblo.

• El delincuente Armando Ariza, exgerente de Comfamiliar Huila y quien está pagando su pena en la cárcel de Neiva, maneja la prisión como si fuera su casa. Tras meses de enterarse de la denuncia, el Inpec no ha hecho nada.

• Medicina Legal certificó que los cuerpos del holocausto del Palacio de Justicia eran de personas a las que no correspondían — incluso entregaron el cuerpo de un hombre como si fuera el de la auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Cecilia Concha.

• La declaración del paramilitar Francisco Villalba —responsable por la masacre de El Aro— se demoró siete años en llegar a manos del investigador.

• La Procuraduría General de la Nación le niega las copias a quienes quieren impugnar el concurso de méritos que realizó para elegir procuradores. El concurso costó 4.400 millones de pesos y había sido ordenado por la Justicia después de que Alejandro Ordóñez nombrara a dedo a los procuradores. Antes de que se presentara la prueba, circuló un cuadernillo con las preguntas, por lo que el concurso debe ser declarado nulo.

• La administración de Gustavo Petro firmó contratos sin póliza de aseguramiento por 17 billones de pesos.

• Migración Colombia deja pasar sospechosos de terrorismo y personas con identidades falsas... por el precio adecuado.

• El más fuerte candidato a magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Eberto Rodríguez, tiene una orden de investigación en su contra por omitir sus funciones de investigar a los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón por los delitos cometidos durante la Operación Orión, realizada de común acuerdo con el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas.

• El plan maestro para poner al día la infraestructura de transportes del país, podría costar tres veces más de lo previsto.

• En la Fiscalía General de la Nación, no avanzan las investigaciones contra el magistrado Fredy Ibarra, uno de los más firmes candidatos a ocupar un cargo de Consejero de Estado.

• La Superintendencia de Transportes anuló las sanciones contra Expreso Palmira, la empresa de la familia del Superintendente, Javier Jaramillo.

• Aunque la Secretaría de Movilidad no le ha pagado a 40 empresarios del transporte que vendieron sus vehículos para el Sitp, el Distrito les sigue cobrando los impuestos por los vehículos que les compró.

Violaciones al laicismo

• El Gobierno cerró el parque Tayrona excusándose en la superstición nativa, cuando había motivos racionales y de peso para hacerlo.

• Luis Pérez, el nuevo gobernador de Antioquia, gobernará con la imagen de Cristo.

¡Y así nos va!