La ausencia de magistrados educados con un conocimiento básico de ciencia está haciendo mucho daño, como se puede constatar con la reciente decisión de la Corte Constitucional de etiquetar los alimentos transgénicos:
El alto tribunal le otorgó un lapso de dos años al Congreso para que incluya en la legislación este tipo de deberes, que buscan proteger el derecho a la salud de los consumidores.
Si cumplido este tiempo persiste el déficit, entrará en vigencia la inconstitucionalidad de la norma del Estatuto del Consumidor, que establece las exigencias mínimas de información sobre productos alimenticios que aparecen en el mercado.
Teniendo en cuenta algunos presuntos efectos secundarios originados por el consumo de productos elaborados con materias intervenidas genéticamente, los demandantes habían solicitado a la Corte retirar del ordenamiento la norma, por no incluir esta información en lugares visibles de la presentación de los productos.
Hay que dejar meridianamente claro que no se ha demostrado ningún peligro de los transgénicos — llevamos 20 años y 3000 platos de comer transgénicos y hasta ahora no se ha podido rastrear ni un solo resfriado común al consumo de transgénicos, y cualquier persona medianamente enterada de cómo funciona la ingeniería genética entiende que esta preocupación es absurda; de hecho, es mucho más lógico preocuparse por la comida convencional, ya que tiene muchos más genes extraños que los transgénicos.
Pero los traficantes de miedo han tergiversado el principio de precaución hasta dejarlo irreconocible. No es la primera vez que la Corte Constitucional comete un error de estas proporciones y tristemente no será el último. Qué mal precedente.
Por cierto, la decisión también trae consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente... pero no es que eso le importe a los cruzados ecotalibanes.
(vía Pequeño Hereje | imagen: Alex Proimos)
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