miércoles, 2 de septiembre de 2015

Ateo sentenciado a prisión por discutir con sacerdote



Ángel Moyano es el Director Ejecutivo de la Sociedad Secular y Humanista del Perú y hoy cumple una sentencia tras las rejas de una prisión de máxima seguridad, aunque es inocente. Su único 'delito' fue tener de vecino a un sacerdote gilipollas.

Todo empezó cuando Moyano y su esposa compraron un terreno y construyeron su casa ahí. Cuando la construcción terminó, tuvieron el dudoso honor de conocer a su vecino, Giuseppe Cressano, un sacerdote católico que les reclamó por, supuestamente, haberse apropiado de parte de su terreno. La agresividad del cura escaló a tal punto que Moyano y su esposa tuvieron que pedir medidas cautelares para evitar las agresiones físicas del religioso.

Moyano solicitó la inspección de los predios, así que cuando se produjo la visita fue a avisarle a Cressano, quien lo recibió con amor cristiano en forma de insultos y lanzándole piedras, profundizando el altercado entre vecinos.

A los seis meses, Moyano fue condenado a prisión por el delito de difamación (?):



La juez, Flora Trevejos, condenó a Moyano basada única y exclusivamente en el testimonio de Cressano (!), sin ninguna prueba material que sustentara su decisión. Lo peor de todo es que Cressano acusó a su víctima de difamación por, presuntamente, difundir el rumor de que Cressano pederasta... un rumor que viene desde el 2006, cuando el sacerdote fue acusado de violación y abuso sexual — ¡qué joyita de tipo!

Para completar, la Iglesia de Perú no reconoce a Cressano como sacerdote — según el blog católico Crux Sancta, Cressano fue destituido. El religioso no ha permitido que esto lo detenga, así que hace misas y, además, cobra doble diezmo.

La audiencia de apelación de la sentencia es el 8 de septiembre. Aunque no hay mucho que podamos hacer, los invito a compartir este artículo en sus redes sociales para que más personas sepan de la injusticia contra Moyano — también pueden contactar a las respectivas embajadas y consulados peruanos para exigir que que los derechos a la presunción de inocencia, a la defensa, al juez natural y al debido proceso sean garantizados en el proceso.

(vía Francisco Mercader | imagen: Panorama)

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