Ayer, el Consejo de Estado dictó sentencia en el caso de la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, declarando nula la reelección.
Es una decisión importante que llega muy tarde, cuando Ordóñez ya hizo todo el daño institucional que pudo y su poder empezaba a eclipsar. Más vale tarde que nunca, pero esta vez pudo ser demasiado tarde — con su matoneo religioso consiguió una base importante de votantes intolerantes, y empezó su campaña presidencial.
Ordóñez respondió con una pataleta, lanzando la teoría conspiranóica de que esta decisión es parte de los Acuerdos que negociaron el Gobierno y el grupo terrorista Farc. Es comprensible que para una pobre mente que todavía no sale de la caverna, la separación de poderes sea un concepto que se salga de toda comprensión; sin embargo, para quienes hemos tenido la posibilidad de recibir una educación decente sabemos que una cosa es la Rama Ejecutiva (el Gobierno, que negocia con terroristas) y otra muy distinta es la Rama Judicial (de la que hace parte el Consejo de Estado, que acaba de anular su reelección).
En un país civilizado, Ordóñez ni siquiera habría sido postulado la primera vez, pues la función de la Procuraduría General de la Nación es velar por los DDHH y Alejandro Ordóñez, literalmente, no cree en los DDHH —porque la libertad de conciencia atenta contra el medieval estado teocrático con el que él sueña—. Esto se ha visto reflejado en las posturas intolerantes y discriminatorias con las que infectó el Ministerio Público durante casi ocho años, posturas que siempre han atentado contra la población LGBTI, los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las mujeres y el Estado laico.
De nuevo, en un país civilizado, este tipo no pasaría de ser un mal chiste, una curiosidad folclórica: un enfadado comentarista político con un podcast, transmitiendo sus diatribas contra la civilización desde el sótano de la casa de sus padres. Sin embargo, fue elegido y reelegido Procurador, y la nulidad de su reelección fue por corrupción — no por sus sistemáticas violaciones a los DDHH y arremetida institucional contra las minorías.
Desde enero venimos diciendo #ChaoProcu y por fin podremos ver al señor Ordóñez salir del cargo.
¿Qué me gustaría que pase? Que se reabran y revisen todos y cada uno de los procesos de la Procuraduría en estos últimos cuatro años; además, como detalle de fina coquetería, sería sabio inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, porque eso es lo que se hace con los funcionarios corruptos, como el troglodita de marras.
Aunque la decisión llega cuatro años tarde, es preferible contar con este precedente a que Alejandro Ordóñez hubiera terminado su segundo período sin un pronunciamiento de la Justicia. Este es el primer paso en un largo, tortuoso y condenadamente difícil proceso para desinfectar las instituciones y reconducirlas por la senda del sentido común y el respeto a los demás.
Por hoy, brindemos porque Ordóñez ya no está (en la Procuraduría). A partir de mañana empezamos a hacerle frente a los chicharrones que deja el Inquisidor.
¡Salud!
(imagen: De la Urbe, Universidad de Antioquia)
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Publicado en De Avanzada por David Osorio
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