Chispazos de la jurisdicción indígena

Desconocimiento de derechos humanos como el debido proceso, el derecho a la defensa y la separación de poderes:

Pese a que la electa presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), Aída Suárez, suplicó para que la escucharan los líderes del resguardo el Volao de Necoclí (Urabá) no lo hicieron, y a cambio la encerraron cinco días en un calabozo y la desconectaron del resto del mundo.

La líder indígena, una de las más representativas de Colombia, fue acusada –sin juicio alguno– por haberse postulado y ser elegida como representante de los nativos: “Se nombró en la OIA sin consultar a nuestra población”, explicó el cacique del Volao, Marcos Ruiz, quien ordenó encarcelarla durante ocho días antes del juicio.

Esa condena provocó el rechazo de otras comunidades indígenas que viajaron hasta Necoclí a pedir la liberación de Suárez. Pero esa defensa terminó en violencia, por lo menos en tres ocasiones. Y es que ni los delegados ni mucho menos la Defensoría del Pueblo consiguieron que Suárez pudiera hablar en su favor.

Pues vaya que fue todo un éxito dejar que los indígenas tengan su propia jurisdicción, en vez de que se sometan a las leyes y los jueces de los demás ciudadanos. Cero excluyente.

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**Actualización: Ahora nos enteramos de que la pena de Suárez consiste en siete horas diarias de suspensión de un cepo, durante 30 días.