Colombia cada vez más parecida a Guantánamo

Desde hace algún tiempo, ha sido pan de cada día que en el Congreso se tramiten leyes que vulneran los derechos de los ciudadanos de a pie, honestos e inocentes, mientras que cada día se le dan más tratamientos especiales, favores y rebajas de penas a los terroristas y delincuentes.

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas explica qué se estaría fraguando desde el Capitolio Nacional si algunos cambios constitucionales llegaran a ser aprobados tal y como están redactados por nuestros supuestos representantes:

1. Usted acepta que si algún miembro de su familia o usted mismo es víctima de homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otra violación de derechos humanos o infracción al derecho humanitario cometida por un soldado o un policía, usted no podrá reclamar ante los jueces ordinarios. La jurisdicción militar será la encargada de estudiar esos comportamientos, conforme a una ley estatutaria que indicará cuándo tales conductas no serán consideradas actos propios del servicio a cargo de la fuerza pública.

2. Igualmente, usted acepta que el Gobierno renuncie a la persecución judicial penal de tales delitos cuando sean cometidos por guerrilleros o paramilitares que celebren acuerdos de paz, o por los mismos miembros de la fuerza pública. Como consuelo, su caso podrá ser eventualmente reseñado en un informe de una Comisión de la Verdad que se creará para el efecto.

3. También acepta usted que los miembros de su familia o usted mismo puedan ser encarcelados sin orden judicial, en cualquier momento, hasta por 72 horas, por decisión de cualquier policía, soldado o funcionario del Gobierno.

El mensaje es claro: mate, robe, extorsione, siembre minas antipersona, secuestre, confiese y el Estado se encargará de que no le toquen penas muy duras y le ayudará a 'rehacer' su vida. En cambio si uno es un ciudadano honesto, que paga sus impuestos y no ha cometido delitos, puede irse despidiendo de sus derechos constitucionalmente protegidos.

Gallón termina con una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace mucho tiempo:

Si, en fin, usted pregunta por qué a los criminales los favorecen con medidas de impunidad mientras que a las personas comunes las pueden encarcelar cuando el gobierno quiera, le dirán… ¿Qué le dirán?

Nada, aquí nadie responde por nada. Impunidad para los criminales y castigo a los honestos.