En Colombia, el único ente estatal que funciona de manera relativamente decente es la Superintendencia de Industria y Comercio que ha mostrado interés en sancionar a los vendedores de productos milagro.
Esto le ha causado malestar a Felipe Zuleta Lleras, quien ha salido en defensa de la estafa reduciendo de manera engañosa toda la retórica milagrera de los vendedores de humo al estatus de un simple eslogan e iniciando una cruzada jurídica contra el superintendente.
Al parecer, no he sido el único que ha reparado en los disparates de Zuleta:
Y que, de paso, deje de ser un obstáculo para que el Estado siga cumpliendo con su deber de poner en el completo ridículo a los estafadores.
Esto le ha causado malestar a Felipe Zuleta Lleras, quien ha salido en defensa de la estafa reduciendo de manera engañosa toda la retórica milagrera de los vendedores de humo al estatus de un simple eslogan e iniciando una cruzada jurídica contra el superintendente.
Al parecer, no he sido el único que ha reparado en los disparates de Zuleta:
Sea lo primero señalar que el periodista es abogado, por lo que no puede ignorar la existencia de algunas normas elementales, como el derecho de petición reglamentado en los artículos 5º y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Bien debería saber Zuleta que la petición presentada a través de una columna periodística es espuria ya que no cumple con los requisitos legales que son aplicados a la totalidad de los ciudadanos.
Cuando cualquier persona, amparada en una condición particular, pretende omitir el cumplimiento de las formalidades legales, no está haciendo otra cosa que decirle a la ciudadanía que evidentemente existen ciudadanos de primera y de segunda.
Pero resulta más grave que esto lo esté haciendo para proteger un producto comercial. A nadie escapa la diferencia entre defender un producto y atacar la legitimidad de una actuación administrativa.
Por lo pronto sería bueno que Zuleta informara cuáles son las razones para defender con tanta vehemencia el producto de la señorita Grisales.
Y que, de paso, deje de ser un obstáculo para que el Estado siga cumpliendo con su deber de poner en el completo ridículo a los estafadores.
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