Informe sobre laicismo en Colombia

Hace unos días salió el reporte del departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de DDHH en Colombia y los demás países del mundo.

Al capítulo sobre libertad religiosa y de cultos le corresponde un informe aparte, independiente. Y uno no se explica cómo, después de que el departamento de Estado fue tan preciso para detallar las violaciones de DDHH en Colombia, falla tan estrepitosamente al no notar las violaciones al Estado laico y la libertad de cultos en el país. Su informe deja mucho que desear:

La Constitución y otras leyes y políticas protegen la libertad religiosa y, en la práctica, el gobierno aplicó generalmente estas protecciones.

El gobierno en general respetó la libertad religiosa en la ley y en la práctica. No hubo cambios en la situación de respeto a la libertad religiosa por parte del gobierno durante el período que se examina.

Así empiezan casi todos los párrafos del informe, y a lo mejor deberían plantearse cambiarlo. En Colombia, ni el Gobierno, ni el Congreso, ni la rama Judicial respetan la libertad religiosa.

Para no hacer tan extenso este artículo, vamos a recopilar las violaciones al Estado laico que se han detectado en los cinco meses que van corridos del año 2012.

Por ejemplo, en las provincias se suelen pagar con dinero de los contribuyentes. Por ejemplo durante los cumpleaños de los municipios y departamentos, como hicieron en Popayán y en Risaralda. Otra excusa del gobernador de ese Departamento para celebrar misas con recursos públicos fue el día departamental de la donación de órganos.

La Semana Santa se probó particularmente efectiva para conseguir que las instituciones democráticas echen por la borda los principios comunes y se aferren a una creencia religiosa particular. Fueron los casos del municipio de Marinilla, de Girardot y de todo Cundinamarca.

Antioquia, por su parte, decidió regalar 1283 millones de pesos (aproxiamadamente 641.000 dólares estadounidenses) para la reparación de una iglesia.

En Cali, el Rodrigo Guerrero Velasco aprovechó la conmemoración de la muerte del cura Isaías Duarte para decir que los caleños debían regir su comportamiento según los diez mandamientos mosaicos, prescribiendo la adoración del dios cristiano de forma tácita. Como si no fuera suficiente, para despedir las vidas segadas de dos estudiantes de colegios públicos, las respectivas instituciones educativas organizaron eucaristías.

Tampoco es de extrañar que en la lista de los útiles escolares de los colegios públicos se pidan Biblias. Y si de planteles educativos públicos se trata, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no se ha quedado atrás, pues tienen instalada una capilla y celebran ceremonias religiosas con frecuencia. Y cuando algún estudiante increpa acerca de esta clara violación de la separación entre la Iglesia y el Estado, simplemente le responden con que a ellos se les da la gana hacerlo así.

En Bogotá, la capital, las cosas no son diferentes. El año empezó con la celebración del Día de los Reyes Magos, una fiesta religiosa que el gobierno distrital promovió y subsidió. Tampoco parece que el alcalde Gustavo Petro tenga mucha disposición de negarse a subvencionar un concierto de música gospel con recursos públicos.

Y por supuesto, en el orden nacional cabe esperar lo mismo. Por ejemplo, cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió utilizar la embajada que tiene en el Vaticano para gestionar que se trajera al país un frasco con la sangre de Juan Pablo II y de esta forma promover la fe católica, en detrimento y exclusión de los no-creyentes y de los creyentes no católicos. En otra ocasión, cuando la justicia falló en contra de un coronel retirado, el Presidente salió a defenderlo y en el proceso hizo un llamado a la oración. Y no feliz con violar de manera tan frecuente la radical separación entre la Iglesia y el Estado, Santos acaba de nombrar un nuevo embajador ante la Santa Sede con el propósito exclusivo de traer al Papa al país en su calidad de líder religioso. Como si no contara ya con suficientes recursos, la Iglesia además, acaba de recibir una generosa donación por parte del Ministerio de Cultura por la suma de 1000 millones de pesos ($ 500.000 dólares aproximadamente).

Las entidades encargadas de velar por que no se discrimine dentro de los límites del Estado es la Procuraduría General de la Nación, que es dirigida por el fanático y fundamentalista Alejandro Ordóñez.

Bajo la jurisdicción administrativa de la Procuraduría se encuentra la Defensoría del Pueblo, por lo que no es de extrañar que también allá se promulguen determinadas creencias religiosas, en detrimento de las otras y de la no creencia.

Y no es que el resto de la Rama Judicial sea mejor, no. Viviane Morales fue elegida Fiscal General de la Nación de manera fraudulenta y por tal motivo debió retirarse del cargo. Su discurso de despedida consistió fue una defensa de cómo ajustó sus investigaciones a los mitología cristiana. En Santa Marta, la Fiscalía y la Procuraduría empezaron una persecución contra dos jóvenes por el hecho de no ser cristianos. En medio de la discusión y lucha porque los homosexuales sean ciudadanos con los mismos derechos, la Corte Constitucional recibió la visita privada que le hizo el director de la Conferencia Episcopal, Rubén Salazar.

Y ya que entramos al tema de los discriminadores por Jesús, no está de más recordar que el Senado prestó sus instalaciones para que se llevara a cabo una misa mientras el senador Édgar Espíndola lanzaba diatribas homófobas. Unas semanas después, el Concejo de Barranquilla cambió el Plan de Desarrollo para excluir a los homosexuales, por la pataleta de dos cabildantes cuya característica común es la intolerancia.

Y por supuesto, no resulta para nada tranquilizador enterarse de que hay estaciones de Policía decoradas con parafernalia religiosa. ¿A quién le parece buena idea mezclar armas y fe? Al parecer a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes sometieron a una sesión eucarística a toda la tropa, cuando fueron liberados 10 policías y militares que habían estado secuestrados por el grupo terrorista Farc durante más de 14 años.

Como si no fuera suficiente con esta tétrica realidad, resulta que también los agentes de Policía han decidido obedecer a las autoridades eclesiásticas y desalojan del espacio público cercano a las personas que indiquen los sacerdotes.

Ni siquiera los espacios culturales se han salvado. La XIII edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, un evento realizado en parte con dineros públicos, contó con la participación de 30 chamanes de diferentes tribus nativas, para que le rezaran a sus diferentes dioses y evitaran la lluvia -lo cual, por supuesto, no ocurrió-.

Ante este desolador panorama, no cabe más que preguntarse en dónde es que el Departamento de Estado vio que "el gobierno en general respetó la libertad religiosa en la ley y en la práctica", cuando todas las instituciones estatales, desde la más pequeña, en el municipio más remoto, hasta la más grande y de carácter nacional, han promovido activa y pasivamente una serie de creencias particulares y generándole cuantiosos beneficios, en algunos casos por miles de millones de pesos, a algunos religiosos.