Santos, enemigo de la Ciencia

Convengamos que la única manera de que un país pueda salir adelante es que invierta en investigación, desarrollo e innovación y que aplique esos conocimientos para mejorar los procesos y la calidad de vida en todos los niveles de la sociedad.

Pues bien, el gobierno Santos acaba de asegurarse de que nos quedemos sumidos en la inopia:

El ex ministro de Medio Ambiente y profesor asociado de la Vicerrectoría de Investigación de la UN, Gonzalo Andrade, dijo que la comunidad científica recibió con sorpresa la Resolución 260 del 28 de diciembre de 2011, en la cual se establecen cuatro nuevos tipos de cobro en los que los científicos o sus organizaciones deben incurrir por el solo hecho de querer tener acceso al rico material genético existente en el país, así como otra serie de trabas burocráticas que hacen imposible hacer ciencia e investigación.

“Consideramos, desde la Vicerrectoría de Investigación de la UN, que esto es una burla al proceso que se adelanta con el mismo Ministerio de Ambiente”, declaró.

Recalcó, como lo publicó UN Periódico en su número de diciembre del 2011 (edición 151), que mientras a la actividad científica se le complican los trámites y se colocan más trabas, a la minería ni se le molesta con consultas previas y en 90 días se les da el permiso, con pocos o nulos controles ambientales. Igual está ocurriendo con la tala de bosques en el Chocó, para multinacionales norteamericanas del sector maderero.

Esta tiene que ser la movida más estúpida de toda la administración Santos:

Resulta que para cumplir con la ley colombiana, un científico que quiera, por ejemplo, recolectar mariposas para conocer únicamente cómo se llaman, debe armarse de paciencia los tres años y medio, en promedio, que dura el proceso para obtener el permiso del Ministerio y lograr el mencionado contrato de acceso a recurso de material genético. Además, es necesario disponer de 15 millones de pesos que cuesta cada consulta previa ordenada, la cual debe adelantarse con cada comunidad indígena o aborigen que tenga presencia en el lugar donde se piense trabajar científicamente.

Sin este contrato, los científicos están expuestos a parar en la cárcel, porque así lo dice la norma. “Si esto es ilegal no es porque los científicos lo queramos, pero con la norma vigente y ahora agravada, es imposible la adquisición de un contrato de acceso a recursos genéticos en Colombia. En 15 años tan solo han sido aprobados 46. Hoy por hoy, 560 proyectos requieren de ese tipo de contrato, el tiempo pasa y las trabas aumentan”, remarcó.

Un país que promueve la religiosidad y le pone trabas al progreso científico, en vez de hacerlo al revés, está condenado al fracaso.