Gracias a la admiración que le produce Pinochet a la tal Josefina Vázquez Mota, se hace un recorrido por las atrocidades del represivo y abusivo régimen chileno y es increíble lo que uno se encuentra:
El 16 de octubre de 1998, el dictador fue arrestado en un hospital de Londres, donde se reponía de una cirugía. Su estancia en esa ciudad tenía, además, el propósito de “negociar armamentos destinados a las Fuerzas Armadas chilenas”. Inmediatamente, el magistrado madrileño, Baltasar Garzón, solicitó la extradición del ex dictador “en relación con una investigación por la desaparición y el asesinato, en los años de la dictadura chilena, de algunos ciudadanos de origen español”.
Amnistía Internacional aprobó la solicitud del magistrado español por considerar que el dictador chileno era responsable de crímenes contra la humanidad. A la solicitud española se sumaron las de Francia, Suiza y Suecia, por el trato inhumano que algunos ciudadanos de estas naciones recibieron del régimen dictatorial impuesto en Chile por Augusto Pinochet.
Mientras los jueces londinenses resolvían qué hacer con Pinochet, éste permaneció bajo arresto domiciliario en una “lujosísima mansión en los alrededores de Londres”, cuyo alquiler ascendía a los 60.000 dólares mensuales.
El dictador manifestó en todo tiempo que su detención era injusta; negaba haber participado en las violaciones a los derechos humanos y en la denominada caravana de la muerte, un operativo cuyo objetivo era asesinar a decenas de dirigentes y activistas disidentes. Pinochet se quejaba de estar sometido a un arresto prolongado e injusto en territorio extranjero, enfermo y lejos de su patria.
El Vaticano también creía que se cometía una injusticia con el dictador chileno. Por ello, Ángelo Sodano, a la sazón secretario de Estado del Vaticano, se encargó de evitar que la Gran Bretaña ejecutara la extradición solicitada por el juez Garzón. De esta manera, Sodano agradecía los favores que la Iglesia católica recibió de Pinochet cuando dicho clérigo se desempeñó como Nuncio Apostólico (1978-1988).
El 19 de febrero de 1999, el Vaticano reconoció haber intercedido y actuado en defensa del ex jefe del Estado chileno. Joaquín Navarro Valls, portavoz de la sede papal, admitió que la jerarquía católica había enviado a la Cámara de los Lores británica una carta en la que –argumentando motivos humanitarios– pedía la liberación de Pinochet. Las gestiones vaticanas generaron inconformidad en algunos sectores de la sociedad chilena, pero sobre todo en los familiares de los desaparecidos y víctimas de la tiranía pinochetista.
Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD), descalificó la postura de la Iglesia católica: “Nos gustaría que el Vaticano enviara una carta a Chile demandando justicia por tantos crímenes cometidos. No se entiende que la Iglesia haya privilegiado defender a un criminal en vez de pedir que sea sancionado por los delitos que cometió”.
El 17 de febrero de 2000, el Vaticano, invocando motivos de salud, se pronunció nuevamente a favor del retorno de Pinochet a Chile. Ángelo Sodano declaró que se trataba de “un caso humanitario y jurídico que preocupa a todos, que preocupa al gobierno de Chile y también a la Santa Sede". Ese mismo día, el amigo personal de Pinochet declaró: “los pasos que pudimos hacer según nuestras posibilidades los hemos hecho”.
El 2 de marzo de 2000, ignorando el pedido de extradición de cuatro países europeos, el ministro del interior de Inglaterra, Jack Straw, liberó al ex gobernante chileno “por razones médicas”. Fue así como las gestiones realizadas por el Vaticano pusieron fin a un arraigo domiciliario que duró 16 meses, permitiendo el retorno de Pinochet al país que fue testigo de sus crueldades y arbitrariedades.
Para entender el proceder del Vaticano necesitamos conocer los privilegios que el dictador chileno otorgó a la Iglesia católica durante la dictadura. Observe usted las declaraciones que, en febrero de 1987, hiciera Francisco Javier Cuadra, ministro secretario general del entonces gobierno de Chile:
"En 1981, el gobierno aprobó un decreto que permite la educación religiosa [en las escuelas] hasta la enseñanza media. Es un objetivo que la jerarquía eclesiástica intentaba obtener desde 1925 y había solicitado a todos los gobiernos. Este gobierno lo ha permitido. También hemos mantenido la política de asistencia financiera a las universidades católicas. Una parte importante de los gastos de las universidades católicas en Chile se financia con fondos fiscales. Se han mantenido los acuerdos que establecen para el personal eclesiástico distintas exenciones desde el punto de vista tributario, aduanero, etcétera. En el mes de marzo, como muestra de adhesión a la visita del Santo Padre, incluso el último resquicio legal que permitía el aborto en algunas circunstancias, se cancelará definitivamente. En el plano internacional y en el campo de la natalidad hemos perseguido una política de pleno apoyo a las orientaciones de la Santa Sede" (Discípulos de la Verdad, A la sombra del Papa enfermo, Ediciones B, Barcelona, 2001, pp. 325, 326).
Por estas prebendas, la Iglesia católica y Juan Pablo II hicieron todo lo que estuvo a su alcance para lograr la liberación del más leal y eficaz de sus siervos en Chile: el General Augusto Pinochet Ugarte
(visto en La Mujer de Púrpura)
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