Como Austin Dacey nos cuenta, en Naciones Unidas acaban de aprobar un documento vinculante que permite la blasfemia como el legítimo ejercicio de libertad de expresión que es:
Después de haber seguido los debates sobre la religión y la libertad de expresión en Naciones Unidas en los últimos años, me he acostumbrado a la transmisión de malas noticias, como la de una década de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General "que combaten la difamación de las las religiones". Ahora que hay una buena noticia, casi nadie se ha dado cuenta.
A finales del mes pasado, la ONU emitió una nueva declaración sobre el alcance de la libertad de expresión en el derecho internacional. Dice que las leyes que restringen la blasfemia, como tal, son incompatibles con las normas universales de derechos humanos.
La declaración se produjo desde el Comité de Derechos Humanos, el cuerpo de dieciocho "expertos independientes", encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o PIDCP, el tratado de 1966 de derechos humanos que establece la libertad de opinión y de expresión y otros derechos fundamentales . Las observaciones generales del Comité representan una interpretación autorizada de las disposiciones del Pacto. A diferencia de las muy publicitadas resoluciones producidas por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, las disposiciones del Pacto son jurídicamente vinculantes para sus más de 165 partes.
La detallada declaración de 52 párrafos, Comentario General No. 34, es el resultado de dos años de intenso debate entre los representantes de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. El comentario anterior del Comité sobre la libertad de opinión y de expresión, en 1983, era sólo de cuatro párrafos. Además de asumir cuestiones como la traición, la difamación de jefes de Estado, "las leyes de la memoria" reforzando una versión oficial de la historia, y los derechos de los bloggers, el Comentario 34 se reduce fuertemente a estar en contra de las limitaciones religiosas sobre la expresión. Lo hace no sólo al afirmar que el derecho a la libertad de expresión es fundamental para una sociedad libre y democrática, así como lo es para la protección y promoción de los derechos de otros. También hace un llamamiento explícito a los valores de la libertad de conciencia y la igualdad ante la ley.
De acuerdo con el párrafo 48, "Las prohibiciones de muestras de falta de respeto a una religión o sistema de creencias, incluyendo las leyes de blasfemia, son incompatibles con el Pacto, salvo en los casos específicos previstos en el artículo 20, párrafo 2, del Pacto". El artículo 20, apartado 2, pide a los Estados a prohibir "toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia". El comentario es cuidadoso en exigir que las restricciones no deben violar las garantías del Pacto de igualdad ante la ley (artículo 26) y de libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 18).
Así, por ejemplo, sería inadmisible que cualquiera de dichas leyes discriminara a favor o en contra de una o algunas religiones o sistemas de creencias, o de sus seguidores sobre otros, o de los creyentes sobre los no creyentes. Tampoco sería admisible que tales prohibiciones fueran usadas para prevenir o castigar las críticas de los líderes religiosos o los comentarios sobre la doctrina religiosa y principios de la fe.
Las leyes contra la blasfemia o "insulto religioso" (encontradas por todo el mundo, incluyendo la mitad de los los Estados miembros del Consejo de Europa) son intrínsecamente discriminatorias contra laicos y disidentes religiosos. Son discriminatorias en cuanto los laicos no tienen ningún recurso legal-ni deberían-cuando las palabras de los creyentes hieren su sensibilidad moral, ni los homosexuales pueden llevar a los editores del Levítico a los tribunales por la afrenta espiritual a ellos que seguramente constituyen. Los escépticos y los creyentes heterodoxos, por el contrario, tienen en un artículo 18 el derecho a vivir y hablar según su conciencia, incluso cuando se ofende a los ortodoxos.
El párrafo 32 del nuevo comentario también advierte contra los estados que emplean una noción estrecha de la llamada moral pública para limitar la expresión, efectivamente descartando leyes que dan deferencias a una tradición religiosa particular: "el concepto de moral se deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas y, en consecuencia, las limitaciones... con el propósito de proteger la moral deben basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una sola tradición".
La implicación de estas recomendaciones es que las controversias sobre la blasfemia no son sólo conflictos entre "libertad de expresión" y fe, sino enfrentamientos entre las pretensiones de conciencia. Esta postura es defendida por la Unión Internacional Humanista y Ética y es desarrollada en mi próximo libro, The Future of Blasphemy: Speaking of the Sacred in an Age of Human Rights (El futuro de la blasfemia: Hablando de lo sagrado en una época de Derechos Humanos).
El mensaje del Comentario General No. 34 no sólo es una clara condena de las leyes sobre blasfemia de países como Pakistán, que a pesar de haber ratificado el Pacto en el 2008, sigue imponiendo la pena de muerte por blasfemia y por "profanar" el nombre del Profeta Mahoma . El Comentario también repudia las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha defendido las leyes de Austria, Gran Bretaña y Turquía contra la blasfemia y el insulto religioso, invocando un derecho sui generis a "respetar a los sentimientos religiosos de los creyentes".
La mayor decepción en el comentario, en mi opinión, es su incapacidad para hacer frente a las leyes de odio de la expresión, que en muchos países funcionan como restricciones de hecho sobre la blasfemia y el sacrilegio. En teoría, podemos distinguir entre atacar una creencia y atacar a sus seguidores. Sin embargo, en ausencia de una norma internacional precisa, "la apología del odio religioso" puede significar cualquier cosa, desde provocar la violencia inminente contra las personas (incluso penalizada por la Primera Enmienda) hasta la efectivamente inverificable motivación de la hostilidad religiosa, como en el Acta de 1998 de delitos y desórdenes del Reino Unido. Las condenas contra el escritor y activistas como Paul Giniewski en Francia, Lars Hedegaard en Dinamarca, y Elisabeth Sabaditsch-Wolff en Austria demuestran que las leyes de odio a la expresión son propicias para el abuso, incluso en las democracias liberales.
Los activistas de la sociedad civil tienen ahora la autoridad legal definitiva de las Naciones Unidas de su parte a medida que presionan a los gobiernos para que cumplan sus obligaciones convencionales y pongan fin a la criminalización de la blasfemia.
Los multiculturalistas deben estar mordiéndose los codos.
Y mientras tanto, yo a celebrarlo como es debido: "Me cago en dios, Alá, Zeus, Yavéh, Vishnu, Bochica, Thor y todos sus profetas".
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