El sistema de defensa de los DDHH en América tiene dos instancias, la
Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) y la
Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) — aunque tienen funciones diferentes, para que un caso de violación de DDHH pueda llegar a la Corte, necesita ser enviado por la CIDH. La Corte puede condenar Estados por violaciones a los DDHH, mientras que la Comisión no puede dictar sentencias condenatorias. (Aunque la distinción parece irrelevante, es importante; por ejemplo, EEUU hace parte de la Comisión pero no de la Corte, así que nunca ha sido condenado por el sistema americano de protección de DDHH.)
En este momento la
CIDH atraviesa una crisis económica. ¿Cómo ocurrió esto? Cada año, el presupuesto de la CIDH consta del 6% del presupuesto de la OEA, y completa con aportes de los países miembros, de países observadores (los europeos principalmente) y organizaciones filantrópicas. Lo curioso es que el
sistema siempre fue sostenido por los países observadores, ya que los países miembro no están muy interesados en aportar a la defensa de los DDHH en sus territorios; sin embargo, con la crisis de los refugiados, las prioridades de los países observadores cambiaron y este año no han aportado tanto como en el pasado. Y así llegamos a la
crisis de la CIDH.
Revisando los
gráficos del presupuesto de este año uno encuentra, por ejemplo, que Colombia —uno de los países que más se ha visto beneficiado por la labor tanto de la CIDH como de la Corte IDH—
no ha contribuido nada a la Comisión este año (y los años en que sí ha hecho contribuciones, estas han sido irrisorias — ¡¡50.000 dólares en 2015!!):
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