En su columna de esta semana, Daniel Coronell explica que Colombia es un Estado laico y luego repasa cómo la Procuraduría General de la Nación —convertida por Alejandro Ordóñez en órgano inquisitorial del más cavernario y ultramontano catolicismo— desperdicia el dinero de los contribuyentes para imponernos a todos los ciudadanos los dogmas de su superstición, en estos días su oposición a la eutanasia.
La columna, titulada El derecho al pecado, pasa revista a los peones que Ordóñez ha usado para esto — gente bastante peligrosa: