Luis Alfredo Garavito es un pederasta que por pura suerte no fue sacerdote, si no ya sería Papa.
Ha violado y asesinado muchos niños y es un tema fetiche para el periodismo colombiano -y un muy buen instrumento del miedo para recolectar votos-. Ante la inminente posibilidad de que quede libre, Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Pentienciario de Colombia, INPEC, respondió algunas preguntas:
Según entiendo, hay tres paquetes: dos de condenas -de las cuales ya está pagando la primera- y una de cerca de 25 investigaciones de la Fiscalía, que Ricaurte se toma la libertad de suponer que terminarán en sentencias condenatorias, así que augura entre 25 y 40 años más de cárcel para "La Bestia", a quien, por muy bestia, hay que respetarle su derecho al debido proceso. ¿Con qué otra autoridad es que se envía personas a la cárcel si no es siguiendo las rigurosas exigencias de la ley?
Me parece que el director del INPEC no debe asegurar que alguien quedará o no en libertad. Esa decisión sólo la toman los jueces penales de la República y de hecho, cualquier abogado -o fiscal- que prometa un determinado resultado judicial está cometiendo una falta ética y le puede costar su tarjeta profesional. No veo por qué razón el director de las cárceles y penitenciarías nacionales sí tendría la potestad de decir si alguien queda o no en libertad.
O para reformular mejor mi denuncia: ¿qué clase de garantía existe si el tipo encargado de las prisiones promete que alguien no obtendrá su libertad sin que haya una sentencia judicial de por medio?
Ha violado y asesinado muchos niños y es un tema fetiche para el periodismo colombiano -y un muy buen instrumento del miedo para recolectar votos-. Ante la inminente posibilidad de que quede libre, Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Pentienciario de Colombia, INPEC, respondió algunas preguntas:
Según entiendo, hay tres paquetes: dos de condenas -de las cuales ya está pagando la primera- y una de cerca de 25 investigaciones de la Fiscalía, que Ricaurte se toma la libertad de suponer que terminarán en sentencias condenatorias, así que augura entre 25 y 40 años más de cárcel para "La Bestia", a quien, por muy bestia, hay que respetarle su derecho al debido proceso. ¿Con qué otra autoridad es que se envía personas a la cárcel si no es siguiendo las rigurosas exigencias de la ley?
Me parece que el director del INPEC no debe asegurar que alguien quedará o no en libertad. Esa decisión sólo la toman los jueces penales de la República y de hecho, cualquier abogado -o fiscal- que prometa un determinado resultado judicial está cometiendo una falta ética y le puede costar su tarjeta profesional. No veo por qué razón el director de las cárceles y penitenciarías nacionales sí tendría la potestad de decir si alguien queda o no en libertad.
O para reformular mejor mi denuncia: ¿qué clase de garantía existe si el tipo encargado de las prisiones promete que alguien no obtendrá su libertad sin que haya una sentencia judicial de por medio?
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